Por insistencia, el Congreso de la República promulgó este viernes la Ley 32551, una norma que reconfigura los requisitos académicos para la docencia universitaria y que permitirá que profesores sin maestría ni doctorado continúen dictando clases e incluso accedan a promociones en la carrera docente.
LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba cambios a la Ley Universitaria para regular universidades interculturales
La ley introduce dos cambios sustanciales a la Ley Universitaria. En primer lugar, vuelve opcional la exigencia de contar con grado de maestro o doctor para aquellos catedráticos que ingresaron a la docencia durante la vigencia de la antigua Ley Universitaria -promulgada en 1983 y derogada en 2014- y que no obtuvieron dichos grados tras la entrada en vigor de la norma actual. En segundo término, exonera a este mismo grupo de docentes del requisito de posgrado para ser promovidos, pese a que la carrera universitaria se sustenta formalmente en criterios meritocráticos.
La autógrafa fue oficializada con las firmas del presidente y vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi y Waldemar Cerrón, respectivamente, e incorpora disposiciones complementarias que flexibilizan estándares que la legislación vigente había establecido como obligatorios.
LEA TAMBIÉN: Aprueban crear 20 universidades nacionales: ¿Cómo sería la distribución de los recursos?
La Ley Universitaria actual exige grado de maestro para dictar clases en pregrado; maestro o doctor para maestrías y programas de especialización; y doctorado para la enseñanza a nivel doctoral. En contraste, la norma previa solo requería título profesional para ejercer la docencia universitaria.
Cuando la Ley Universitaria fue promulgada en 2014, se fijó un plazo de cinco años para que los docentes sin posgrado regularizaran su situación. No obstante, ese horizonte se fue ampliando de manera sucesiva durante más de una década. La última prórroga venció el 30 de diciembre de 2025.
Ahora, además de volver opcional el requisito para quienes ingresaron con la ley antigua, la nueva norma amplía hasta diciembre de 2026 el plazo para que los docentes incorporados bajo la legislación vigente cumplan con obtener maestría o doctorado, tanto en universidades públicas como privadas.
LEA TAMBIÉN: Modifican ley universitaria para fortalecer institucionalidad de universidades públicas
Más de una década de extensiones
La Ley N° 30220 fue cuestionada desde su origen. En 2014, una comisión del Congreso -entonces presidida por Martha Chávez- y los colegios de abogados de Lima y Lima Norte presentaron demandas de inconstitucionalidad. Un año después, el Tribunal Constitucional declaró infundados los recursos, aunque precisó que el cómputo del plazo de adecuación debía iniciar en noviembre de 2015, fecha de publicación del fallo.
Desde entonces, el calendario se ha movido varias veces. En 2020, el Ejecutivo de Martín Vizcarra amplió el plazo hasta noviembre de 2021 mediante el Decreto Legislativo 1496, en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Luego, el Congreso aprobó nuevas extensiones: primero hasta diciembre de 2023 (Ley 31364) y después hasta diciembre de 2025 (Ley 31964).
La Ley 32551, publicada en El Peruano, consolida ese camino de flexibilización.
