Tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas sociales en contra del Gobierno de Dina Boluarte, suscitadas entre diciembre y enero de este 2023, la mandataria peruana rechazó algunas de las afirmaciones que se leen en el documento.
Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros de este miércoles 3 de mayo, Boluarte Zegarra rechazó que hayan existido ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden durante estas movilizaciones.
“Hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, mas aún viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, manifestó.
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Además, la jefa de Estado saludó que esta comisión haya establecido que el 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento jurídico al dar un golpe de Estado, “atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales en el sistema interamericano”.
Respecto a las recomendaciones que brindó la CIDH en el informe, la mandataria señaló que ya han implementado acciones a favor de las víctimas y sus familias, como la creación de una comisión multisectorial que se encargue de la atención integral.
“Sobre las recomendaciones de la comisión es importante mencionar que nuestro Gobierno ya ha venido implementando un conjunto de acciones, incluso desde antes que se realicen las investigaciones y que el propio informe así lo reconoce. Se creó una comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de todos los deudos, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad”, sostuvo.
Una vez más, la presidenta Dina Boluarte lamentó la pérdida de vidas humanas “ocurrida en el marco de las protestas y los actos vandálicos”. Seguidamente, recordó que la Fiscalía ya está realizando investigaciones al respecto.
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“El Ministerio Público, actuando de manera independiente, ha conformado un equipo especial de fiscales para casos de víctimas durante las protestas sociales con competencia nacional, el mismo que cuenta con el apoyo técnico de las Naciones Unidas”, acotó.
Informe de la CIDH
El pasado martes 2 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe final de 113 páginas, donde determinó que la respuesta del Gobierno ante las protestas, a través de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, se caracterizó por el uso “desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.
“Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad”, indica el documento.
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“La Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, se agregó.
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