Bancadas en el Congreso desestiman el informe final de la CIDH sobre protestas en el Perú

Tras más de tres meses en espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó esta mañana, en conferencia de prensa, su informe final sobre las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el documento, que consta de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno.

“En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores, como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, sostiene la CIDH en un extremo de su informe.

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Tras conocerse este informe, las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar. La vicepresidenta del Parlamento y legisladora de Fuerza Popular, Martha Moyano, se mostró a favor de no hacer caso a las recomendaciones dicho documento.

“La Corte Interamericana (de Derechos Humanos) es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países. Eso es la Corte Interamericana para mí y pido disculpas por adelantado. Yo no esperaba ningún informe que le diera al Perú algún nivel de duda por lo menos. Sabía perfectamente que este iba a ser el informe, así que no me asombra”, indicó al ser consultada por la prensa.

Moyano no solo calificó el informe de sesgado, sino también cuestionó que los integrantes de la CIDH se hayan reunido con personas, organizaciones o supuestos líderes, cuyas identidades no se conocen.

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“¿Tiene intereses de qué? Todavía no sabemos. Se supone que han escuchado al Congreso, al Ejecutivo, a la Fiscalía y, se supone, que también escucharon a las organizaciones que no sabemos cuáles son. Cuando se dice que habría que conversar o dialogar, la pregunta es ¿Con quiénes? ¿Quién es el dirigente o el líder? (...) hablo a título personal, yo no le haría caso o tomaría en cuenta el informe ¿Por qué hacerle caso a un informe sesgado?”, se preguntó.

No deben hacerlo vinculante

En la misma línea, el congresista de Renovación Popular (RP), José Cueto, consideró que en el informe de la CIDH hay un sesgo en el tema de las lamentables muertes que, en el Congreso, nunca han aceptado.

“Esa parte nunca me ha dejado satisfecho, no me agrada. Yendo al informe, que todavía no he podido leer, hay algunos aspectos genéricos que todos compartimos y que se tienen que investigar con imparcialidad, eso creo que todos lo comparten”, sostuvo ante la prensa.

El parlamentario cuestionó que en el documento no se mencione que dentro de las protestas hubo gente metida o infiltrada para generar actos de violencia, como la toma de aeropuertos o incendiar comisarías.

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“Ahí no dicen nada”, criticó Cueto, tras precisar que el Gobierno de Dina Boluarte no debería hacer vinculante este informe.

Por su parte, Pedro Martínez, de Acción Popular, consideró que las conclusiones del informe de la CIDH tienen una “apreciación ideologizada” de los hechos.

“Es una visión parcial y muy genérica de los hechos. No se ha dicho todo lo que en realidad ha sucedido”, anotó en diálogo con Canal N.

El acciopopulista acusó a la CIDH de seguir incendiando no solo la mente y corazón de todos los peruanos, sino de toda Sudamérica y el mundo.

“Ellos ven la violencia desde otro extremo, pero no a la violencia que ha estado sujeta mucha gente. No es legal tomar aeropuertos y bloquear carreteras”, remarcó tras calificar el informe de “tóxico”.

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