La Corte Suprema de Justicia emitirá el próximo viernes 8 de noviembre la sentencia en segunda instancia en contra del excongresista Michael Urtecho y su esposa, Claudia González, por un presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su exdespacho y enriquecimiento ilícito.
Así lo informó el juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín, tras escuchar esta mañana los alegatos finales tanto de los dos involucrados como del representante de la Fiscalía de la Nación.
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Durante su intervención, el exlegislador reiteró su inocencia y negó haber exigido a los trabajadores de su despacho que le entreguen parte de su sueldo que les correspondía cada fin de mes, hasta el año 2010.
“Hay otro grupo de personas, que son más de nueve, que dicen que han ofrendado voluntariamente (...) han presentado sus declaraciones juradas. Como hay un grupo pequeño que dice que fueron conminadas, hay gente mucho más grande que por su fe cristiana han ofrendado voluntariamente”, sostuvo.
En tanto, González también negó las acusaciones formuladas en su contra, así como rechazó haber acompañado a su esposo en viajes de semana de representación para hacer cobros irregulares o que se hayan apropiado de fondos de manera irregular, tal como sostiene la Fiscalía.
“Todo lo bueno que mi esposo hizo lo vieron mal y mi esposo, simplemente por nuestra rutina cristiana, tratamos de ayudar a las personas más necesitadas”, aseveró la cónyuge de Urtecho.
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A González, en tanto, se le impuso 28 años de prisión por los delitos de de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.
Sin embargo, en la lectura de sentencia se precisó que esta pena privativa de la libertad aún se hará efectiva si es que queda firme o confirmada en segunda instancia.
¿De qué se le acusa a Urtecho?
La Fiscalía de la Nación denunció al excongresista por haber obligado a siete de sus extrabajadores a entregarle parte de sus sueldos bajo la amenaza de despido, entre los años 2006 y 2013, cuando era legislador.
Fue durante su segunda gestión que denuncias periodísticas dieron pie a una denuncia que finalmente llevó a su destitución, en diciembre de 2013, y a que se le inhabilite en el ejercicio de cargos públicos durante diez años.
De acuerdo con la acusación fiscal, Urtecho retuvo ilegalmente S/ 430,666.06 del sueldo de sus trabajadores y se le atribuyó lavado de activos por un total de S/ 2′182,601.68. En lo que respecta al delito de peculado, se le acusó de apropiarse de S/ 339,962.54 que iban a ser destinados como donaciones para un centro médico para personas con discapacidad.
Finalmente, por apropiación ilícita se le atribuye haber retenido US$14,939, que iban a ir a los damnificados por el terremoto de Pisco, del 2007.
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