La Contraloría General de la República presentó un proyecto de ley para que los consejos regionales recuperen sus facultades de fiscalización, de manera similar a las que ya se encuentran reguladas para los Concejos Municipales.
La iniciativa en mención, impulsada por el contralor Nelson Shack, pretende modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales con la finalidad de darle mayores facultades a los consejeros regionales para realizar sus funciones de supervisión a las autoridades de sus jurisdicciones.
De acuerdo a la propuesta, el Consejo Regional está facultado para “designar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de interés público regional, con la finalidad de esclarecer hechos, formular recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas”.
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Para la conformación de comisiones investigadoras y el envío de informes a la autoridad competente se requiere el voto favorable de no menos del 25 % del total de miembros hábiles del consejo.
“Los informes y conclusiones de las comisiones investigadoras son públicos y puestos en consideración del consejo regional”, se lee en el proyecto.
También se precisa que los consejeros regionales pueden solicitar al gobernador regional o al gerente general regional información sobre temas específicos, con arreglo a sus atribuciones y funciones, con el voto favorable de un tercio del número legal de consejeros.
“El gobernador regional o el gerente general regional están obligados, bajo responsabilidad administrativa, a responder el pedido de información en un plazo no mayor de diez días hábiles”, se advierte en el texto.
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Los miembros del Consejo Regional, a su vez, podrán fiscalizar la implementación de conclusiones y recomendaciones derivadas de las acciones de control del órgano de control institucional y de la Contraloría; así como también de los procedimientos de investigación impulsados por su institución y por el Congreso de la República, en lo que resulte pertinente.
Además, fiscalizarán el desempeño funcional y la conducta pública de los funcionarios y directivos del Gobierno Regional, estando facultado a invitar a cualquiera de ellos para que informe sobre temas específicos previamente comunicados, con el voto favorable de un tercio del número legal de consejeros.
“La fiscalización, como mecanismo de control, permite a los Consejos Regionales realizar labores de vigilancia, seguimiento, auditoría, supervisión, control y evaluación, de las decisiones que tomen los titulares de los Gobiernos Regionales, a fin de evitar posibles excesos en su gestión, respecto a los recursos públicos que administran. En tal sentido, la fiscalización surge como una herramienta vital en la lucha contra la corrupción y del control de la administración de recursos públicos”, concluye la Contraloría en su iniciativa.
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Financiamiento y capacitaciones
En otro extremo de la propuesta se precisa que una de las atribuciones del Consejo Regional es el de fiscalizar la gestión pública del gobierno regional. Pata tal efecto, en el presupuesto institucional de apertura (PIA) de la institución se incorporarán los recursos, según clasificador presupuestario, que proporcionen al Consejo la capacidad logística y el apoyo profesional necesarios para el ejercicio de sus actividades de fiscalización.
La Escuela Nacional de Control, según se lee en el proyecto, podrá capacitar a los consejeros regionales y regidores municipales en materia de fiscalización y gestión pública.
“Facúltese a la Contraloría a financiar con cargo a su presupuesto los costos asociados para los fines de las capacitaciones indicadas precedentemente”, añade el documento.
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