Pese a los cuestionamientos que pesan en su contra y las investigaciones que afronta, Juan José Santiváñez retornó al Gabinete Ministerial. El último sábado fue designado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo del saliente Juan Alcántara.
Como era de esperarse, esta noticia desató una ola de críticas desde diversos sectores, principalmente, en el Congreso de la República.
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Al respecto, el legislador Edward Málaga-Trillo presentó una moción para citar ante el Pleno del Congreso al premier Eduardo Arana, a fin de que explique los “fundamentos, legalidad y pertinencia” del nombramiento de Santiváñez.
En dicho documento, recordó que el abogado fue censurado por el Parlamento cuando ejercía el cargo de ministro del Interior, el pasado 21 de marzo, Esto, por su “incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”.
A juicio del parlamentario, la designación de Santiváñez interfiere con la función constitucional de control político del Congreso, así como “atentaría” contra la administración de justicia, al otorgar antejuicio a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y un impedimento de salida del país.
“Corresponde al premier, en su calidad de responsable político de la coordinación del gabinete: explicar las razones técnicas y políticas para tal designación, exponer los criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan, dar cuenta de las coordinaciones realizadas con la Presidencia de la República y con el Minjus y explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño”, remarcó Málaga-Trillo en su moción.
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El documento consta de 12 preguntas divididas en seis ejes temáticos que deberá responder Arana, en caso sea aprobado por el Pleno.
OTRAS CRÍTICAS
A través de su cuenta de “X”, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, calificó la designación de Santiváñez como “una burla al país”.
La parlamentaria Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) consideró que este nombramiento es “una provocación al Congreso y una necedad”.
“Este señor es incapaz de gestionar nada. ¿Qué puede hacer por la justicia en el país un exabogado de procesados por corrupción y otros delitos graves? Boluarte premia a su favorito a costa de todos los peruanos”, resaltó.
Por su parte, Diego Bazán, de Renovación Popular (RP), consideró que esta designación representa “una afrenta directa” al Parlamento.
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