El congresista de la bancada de Renovación Popular, Diego Bazán, se refirió a la reciente aprobación en el Congreso de la ley denominada como “criminalidad sistemática” y la exclusión del delito de minería ilegal en la norma.
Según el congresista, en declaraciones en el programa Cuentas Claras de Canal N, el proceso de elaboración de la ley implicó negociaciones que, finalmente, por la presión de ciertos grupos, la minería ilegal quedó excluida del alcance de la normativa.
Sin embargo, consideró que los mineros ilegales son una de las principales fuentes de abastecimiento de explosivos y armas para las redes criminales.
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“Hubo una posición de esos malos congresistas que defienden a la minería ilegal y que, lamentablemente, decían que no puedes procesar con el mismo tema este delito porque los mineros (ilegales) utilizan explosivos”, añadió.
Asimismo, reconoció que esta exclusión es algo que debería corregirse, pero que fue necesario aprobar la ley tal como quedó por motivos de consenso.
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“Son consensos que tenemos que respetar si queremos lograr la aprobación de un tema que es importante. (…) Son temas que son perfectibles y yo creo que este es un tema que debemos agregar. Pero, teníamos que aprobarlo y, por la premura del tiempo, en algún punto la comisión aceptó”, añadió.
En otro momento, el legislador precisó que esta ley aprobada tenía como nombre inicial de “terrorismo urbano”, pero que, por presión de bancadas de izquierda, no se mantuvo el término original.
“Lo que pasa es que las bancadas de izquierda se oponen porque siempre han estado tratando de proteger al victimario y no a la víctima. Nosotros hemos procurado en todo momento proteger a la víctima porque creemos que debemos tener mano dura y lo que hace este dictamen es tipificar un delito que no estaba contemplado en el Código Penal”, precisó.
El Pleno del Congreso de la República aprobó la incorporación del delito de “criminalidad sistemática” en el Código Penal, el cual establece que quienes, mediante el uso de municiones, armas de fuego militares o civiles, explosivos u otros de naturaleza similar, cometen delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, serán condenados con cadena perpetua.
El legislador precisó que esta ley aprobada tenía como nombre inicial de “terrorismo urbano”, pero que, por presión de bancadas de izquierda, no se mantuvo el término original. (Foto: Congreso)
