Casi un mes después de iniciar una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta falta grave, la comisión de Justicia del Congreso presentó su informe final, que sería sometido a votación mañana.
Tras realizar las pesquisas del caso, e interrogar a varios testigos y especialistas, el grupo de trabajo que preside Janet Rivas “no halló falta grave” en ninguna de las imputaciones que se hizo a estos siete magistrados.
Estos son: Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
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En las recomendaciones solo se exhorta a los integrantes de la JNJ a “evitar pronunciarse sobre casos particulares y procesos que son ventilados en el fuero de otro poder del Estado”.
Cabe recordar que en agosto pasado la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó ante el Pleno del Congreso una moción para investigar a estos siete magistrados por haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
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Respecto al primer punto, la comisión de Justicia determinó que “no se encuentra causa grave” toda vez que, el comunicado escrito, colgado y difundido es un documento público que no causó efecto en el proceso que llevó el Congreso, ni causó presión alguna sobre los congresistas que votaron en contra de Ávalos.
En cuanto al segundo punto, el grupo de trabajo concluyó que “no es posible determinar la existencia de causa grave” debido a que luego del análisis de los hechos y las declaraciones de los involucrados, así como tras revisar las denuncias difundidas en los medios de comunicación sobre una supuesta intromisión ante los miembros de la Corte de Suprema, “no genera el mínimo de certeza requerido, toda vez que no existe medio probatorio alguno que permita corroborar su veracidad”.
Derivan casos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Los otros dos temas que aborda el informe son los cuestionamientos a los miembros de la JNJ por haber aprobado una norma que permite a la magistrada Inés Tello continuar en el cargo pese a que ya habría superado el límite de edad y por no haber presentado su informe anual ante el Pleno del Congreso, tal como estipula su propia ley orgánica.
Frente a estos dos casos la comisión acordó que, al no haberse podido determinar causa grave y tratándose de dos hechos que versan sobre la interpretación de la Constitución, “sean derivados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver si corresponde o no una infracción constitucional” a los miembros de la JNJ.
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