La legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Ruiz, se salvó de ser suspendida 120 días en el cargo. Por mayoría, la comisión de Ética aprobó modificar la recomendación de sanción original (suspensión) contra la congresista, por la de una amonestación pública y el pago de una multa.
Esto, a solicitud de los integrantes de la bancada de APP, que se aparecieron en medio de la sesión y brindaron su respaldo a Ruiz, pese a que se encontraba con licencia en dicha agrupación.
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Un total de nueve legisladores de APP, Perú Libre, Renovación Popular (RP), Acción Popular (AP) y Perú Bicentenario respaldaron la cuestión previa para modificar la sanción, mientras que otros cinco congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y la propia presidenta de la comisión, Karol Paredes, se opusieron a la misma.
En tanto, Oscar Zea, del Bloque Magisterial, se abstuvo en la votación.
Durante la sesión, el legislador de APP, Eduardo Salhuana, quien no es miembro titular de la comisión de Ética, hizo uso de la palabra para hacer una defensa en favor de Ruiz.
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“Lo que nosotros hemos revisado es que primero tiene que haber siquiera una mínima acreditación de los hechos que se le atribuyen a la colega Ruiz. Lo que tenemos aquí en los actuados es que han declarado 16 testigos y lógicamente de la revisión de ello, estamos ante declaraciones que han rechazado cualquier insinuación al respecto de un cobro de recursos económicos de parte de la congresista”, indicó tras precisar que no hay ninguna vinculación directa de la legisladora en este presunto cobro de dinero.
El asesor principal de la legisladora, Jony Romero, se encargaba del cobro de dichos cupos alegando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por los gastos que había tenido en la campaña electoral pasada.
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Según relató Marina, fue contratado como auxiliar de la mencionada comisión con un sueldo de S/ 4,200, pero con la condición de que aporten mensualmente a la legisladora después de que el Parlamento les abonara el dinero.
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