Caso Rosio Torres: Denuncian que legisladora presentó documentos falsos ante la comisión de Ética

La semana pasada, el sobrino de la congresista Rosio Torres, Juan Pérez Guerra, asumió la responsabilidad de los depósitos de dinero que recibió de parte de los trabajadores del despacho de su tía y aseguró que estos pagos se efectuaron debido a que tenía vínculos personales y políticos con ellos.

Esto, en el marco de la indagación que realiza la comisión de Ética en contra de la aún legisladora de APP por un presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho.

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En esa misma sesión, Torres descartó haber tenido participación alguna en este tema y también negó haber tenido conocimiento de estos pagos. Además, presentó a los integrantes de la comisión las declaraciones juradas firmadas de los trabajadores de su despacho.

En dichos documentos, estas personas reconocieron que, de manera voluntaria, prestaron dinero y dieron aportes a Pérez Guerra para la formación de un nuevo movimiento político.

Sin embargo, estos textos serían fraudulentos. Una de las extrabajadoras de Torres, Nathaly Rubio Yllatopa, reveló a Punto Final que esa declaración jurada sería falsa.

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“Yo no elaboré este documento. Me mencionaron en el despacho que el documento ya estaba elaborado, mencionando los montos que salieron en el reportaje. Es mi firma, es mi huella, pero ya tenían redactado el documento (...) le dije está bien, yo firmo, pero él no me prestó como dice acá. No es así”, acotó.

La extrabajadora agregó que la legisladora nos pidió por favor que la apoyemos firmando el documento, así como recalcó que fue su exjefa quien ordenó que todos los empleados de su despacho transfieran parte de sus sueldos a cuentas bancarias que están a nombre de su sobrino.

Por último, Nathaly Rubio, quien dijo temer represalias por dar su testimonio, acotó que Torres ha prohibido a sus trabajadores acudir a la Comisión de Ética para que presten su declaración.

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Hoy día el grupo de trabajo que preside Karol Paredes volverá a votar el informe final del caso que involucra a la legisladora Magaly Ruiz. En dicho documento se recomienda su suspensión por el plazo de 120 días.

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