Precisamente, uno de los delitos más frecuentes en dichas jurisdicciones, de acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), es la extorsión y las órdenes de asesinato.
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Al respecto, la presidenta de la comisión de Defensa, Patricia Chirinos, anunció que su grupo citó para este viernes al ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, y al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, a fin de que informen sobre la aplicación de los bloqueadores de celulares y wifi en las cárceles del país.
A juicio de la legisladora de Avanza País, la mayoría de extorsiones y órdenes de asesinato son realizadas, vía telefónica, desde los diferentes penales; sin embargo, cuestionó que desde el año 2014 no se ha podido ponerle un freno a esa problemática.
“Lo irónico es que desde el 2014 el Ministerio de Justicia tiene contrato con la empresa Prisontec para instalar bloqueadores de celulares y wifi en las cárceles del país. Por ello, la Comisión de Defensa los citará para que expliquen el porqué hasta la fecha estos dispositivos de seguridad no funcionan en todos los centros penitenciarios”, cuestionó.
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Chirinos recalcó que no podemos permitir esta situación, que solo contribuye a agravar el problema de inseguridad ciudadanía q se vive en el país.
Tanto Arana como Llaque también deberán informar sobre la situación de la población penal nacional y extranjera a nivel nacional y por centros penitenciarios.
Las tres principales zonas donde se reportaron estas denuncias fueron Lima, Callao y Piura. Dentro de la capital, los distritos con más casos son San Martín de Porres, Comas y San Juan de Lurigancho.
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