Eduardo Arana asume como nuevo ministro de Justicia: Los retos que le esperan en el sector

Arana Ysa reemplazó en el cargo a Daniel Maurate, quien asumió la cartera de Trabajo.

El nuevo miembro del Gabinete Ministerial es un abogado egresado de la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega. Ejerció como docente de la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV).

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El nuevo titular del Minjus trabajó como jefe del Gabinete de Asesores durante la gestión de Javier Villa Stein en la presidencia del Poder Judicial, en el año 2019, así como ejerció como secretario técnico en el extinto Consejo Nacional de Magistratura (CNM).

Además, en el actual Congreso laboró como asesor de las comisiones de Justicia y Educación cuando Gladys Echaíz presidió dichos grupos de trabajo.

Si bien actualmente no registra filiación política, en las elecciones municipales y regionales del 2018 postuló, sin éxito, al cargo de regidor distrital de San Isidro en representación de Alianza para el Progreso (APP).

¿Cuáles son los restos que le esperan en el sector?

Antes de dejar el cargo, Maurate tenía en agenda de su sector diferentes retos y problemáticas que su sucesor tendrá que enfrentar. Estos son los siguientes:

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1. Hacinamiento en las cárceles y construcción de más penales

En su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte anunció que impulsará la ampliación y construcción de dos penales en el país por un monto de S/ 300 millones que serán incluidos en el presupuesto General de la República del próximo año.

Esto, como una forma de combatir el hacinamiento en los diferentes centros de reclusión del país.

“Nuestro objetivo es invertir, para el final de nuestro mandato, S/ 1,630 millones en los centros de reclusión en el país”, aseveró.

En tanto, Maurate advirtió que las cárceles del Perú superan en un 226,8 % su capacidad.

“El sistema carcelario es dramático, tal como está. Actualmente, hay 93,000 internos y solo tenemos albergue para 41,000. Eso hace inviable una adecuada administración y genera corrupción. Por eso hemos instalado un grupo de trabajo para atender este problema”, señaló en el Congreso.

En ese sentido, estimó que en cinco años se podría llegar a tener 120,000 reclusos más en los penales, por lo que dijo que se necesitaría construir alrededor de 40 a 50 centros penitenciarios nuevos.

Sin embargo, dijo que eso sería materialmente imposible, por lo que remarcó que la política del Estado no debería basarse en construir más penales, sino en prevenir que ingresen más reclusos.

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2. Incremento del uso de grilletes electrónicos

En abril pasado, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, anunció que el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley al Congreso para incrementar el uso de grilletes electrónicos en el caso de procesados con prisión preventiva.

“Próximamente, el Ministerio de Justicia va a hacer una propuesta (al Congreso) respecto a procesados, para intentar incrementar el uso de la vigilancia electrónica personal, que son los grilletes. Ojalá que la propuesta prospere, porque creemos que sería una manera de responder ante el hacinamiento (de los penales) que vivimos”, dijo a TV Perú.

Llaque Moya informó que de las 90,000 personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad, 36,000 se encuentran en condición de procesados, mientras que el resto (54,000) ya tiene sentencia.

Añadió que, en la actualidad, solo se tiene colocados 45 de estos dispositivos a personas que fueron recluidas.

3. Reestructuración del INPE

En junio pasado, Panorama denunció que trabajadores del INPE recibieron sobornos por parte de internos del Penal Sarita Colonia del Callao para hacer ingresar droga y celulares a sus celdas.

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En uno de los videos mostrados el programa, se puede ver al reo Alexander Montesinos Tapullima, sentenciado por tráfico ilícito de drogas, entregándole dinero al agente Luis Enrique Farro Salazar, quien le agradece el gesto con un apretón de manos. Otra grabación muestra al agente Luis Eduardo Suárez recibiendo dinero por parte de un interno.

Tras conocerse esta noticia, Maurate anunció una reestructuración en el INPE.

“Hoy estamos afinando la norma y mañana debemos estar publicando la resolución ministerial con la conformación del equipo y con los objetivos concretos que va a tener esta reestructuración”, señaló en diálogo con TV Perú.

Añadió en su momento que se está conversado con representantes de la Defensoría del Pueblo, así como de la Cruz Roja, para que actúen como veedores del proceso de reestructuración de la institución.

En la reestructuración del INPE no solo se considerará mejorar las condiciones laborales de la institución, sino también se contemplaría hacer más severas las penas para quienes cometan actos de corrupción.

4.Reparación a los deudos y heridos que dejó las protestas en contra del Gobierno de Boluarte.

En diciembre pasado, el ministro de Justicia de ese entonces, José Tello, anunció la conformación de una comisión multisectorial destinada a ver el tema de reparaciones para los familiares de las personas fallecidas en las protestas ocurridas en diversas partes del Perú en contra del Gobierno de Dina Boluarte. El grupo de trabajo se instaló oficialmente en enero de este año.

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Siete meses después, la jefa de Estado, en su mensaje a la Nación, afirmó que ya se ha entregado un apoyo económico a los familiares de los manifestantes caídos.

“Por intermedio del Ministerio de Justicia se ha otorgado beneficios económicos excepcionales a 111 deudos de 63 personas fallecidas. También, 155 personas que sufrieron lesiones graves han recibido apoyo económico excepcional”, indicó.

Sin embargo, desde diversas ONG’s y organismos de la sociedad civil consideraron que dichos montos de dinero no son suficientes.

5. La demanda en favor de Víctor Polay Campos en la CIDH

La semana pasada se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite, en marzo del año pasado, una demanda presentada por varias personas, entre ellas, el exministro y excongresista Javier Valle Riestra, en favor del fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos.

El recurso plantea que el cabecilla terrorista, recluido en la Base Naval del Callao, habría sido condenado sin respetar su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales. Además, se cuestiona que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal, algo que, según sostiene el documento, el Ministerio Público no investigó diligentemente.

Desde la Procuraduría Supranacional aseguraron que el Estado peruano ya tiene una estrategia y estructura de defensa definida y que solo están a la espera del informe de los familiares del terrorista con las observaciones de fondo al documento de la CIDH para emitir una respuesta.

Sin embargo, hoy el diario El Comercio reveló que, a nivel de la CIDH, actualmente el Estado peruano se viene defendiendo en al menos 25 casos vinculados al delito de terrorismo, los cuales están relacionados con Sendero Luminoso y el MRTA.

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Víctor García Toma: “El tema del sistema penitenciario es clave”

En diálogo con Gestión, el exministro de Justicia, Víctor García Toma, consideró que de todos los retos que afrontará el nuevo titular del sector, el tema penitenciario y el deshacinamiento de las cárceles es clave e implica una política de largo plazo.

“No solo implica la construcción de nuevos penales, tiene que ver también con generar un grado mayor de habilidades y competencias en favor de las personas que administran el INPE. En segundo lugar, la promoción de las políticas de reintegración a la sociedad. No basta con que estas personas cumplan su condena, sino que hay que generar las condiciones para que al regresar puedan encontrar un espacio laboral y no estén inmersos a volver a cometer algos delictivos. Ese es un tema sumamente importante que tiene varias aristas”, señaló.

García Toma añadió que otro tema importante que deberá revisar Eduardo Arana es la creación de Procuradurías temáticas.

“A un procurador de un ministerio, por ejemplo, no se le puede pedir que sea experto en civil, penal, laboral y tributario. Durante el segundo gobierno de Alan García empezamos a crear procuradurías temáticas. Se creo una Procuraduría de Asuntos Constitucionales, también debería haber una Procuraduría de Asuntos Tributarios o Laborales, con lo cual, se genera la especialización”, remarcó tras precisar que con esta medida se lograría un grado mayor de eficiencia en la defensa de los intereses del Estado.

El también expresidente del Tribunal Constitucional (TC) consideró que Arana debería ejercer, de manera más eficiente, su rol de asesor legal de la presidenta y el Consejo de Ministros.

“En consecuencia, debería mejorarse más lo que hoy existe, el sistema de coordinación y evaluación para que todas las propuestas que se evalúen y se voten en Consejo de Ministros tengan la garantía de que son constitucionales, legales y técnicamente viables”, enfatizó tras precisar que tiene buenas referencias del nuevo ministro.

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