CIDH expresa su preocupación por la investigación del Congreso a la JNJ

El último viernes los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se presentaron ante la comisión de Justicia del Congreso como parte de la investigación aprobada por el Pleno por una presunta falta grave.

A su salida, el vicepresidente de la institución, Aldo Vásquez, recalcó que la pesquisa debe ser declarada infundada y archivada al considerar que no tiene lugar, desde el punto de vista constitucional y jurídico.

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Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, expresó esta mañana su preocupación por el inicio de esta pesquisa impulsada por el Parlamento en contra de estos siete magistrados.

En el texto, la institución consideró que las personas operadoras de justicia, como los miembros de la JNJ, son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, pues actúan como controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes públicos.

“La actuación de la Junta Nacional de Justicia, autoridad que tiene a su cargo el nombramiento y la evaluación periódica de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales, contribuye a que no haya injerencias políticas por parte de otros poderes u órganos del poder público en la designación de operadores de justicia, y, en consecuencia, a que la justicia actúe de forma independiente”, se lee en el pronunciamiento.

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Si bien la CIDH reconoció la importancia de los controles políticos que puede ejercer un poder público, como el Congreso, sobre otro en el sistema de pesos y contrapesos, advirtió que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas “resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad”.

En ese sentido, consideraron que todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso.

“La Comisión considera que la eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, advierten en el comunicado.

El pasado jueves el Pleno del Congreso aprobó el pedido de la Comisión de Justicia para ampliar por 14 días más el plazo de investigación contra los magistrados de la JNJ. El pedido fue respaldado por 85 legisladores, mientras que 10 se opusieron y 9 se abstuvieron.

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