El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, insistió en su postura respecto a que el Gobierno y el Congreso han promovido y aprobado normas que impiden la emisión de órdenes de prisión preventiva en contra de los intervenidos en diversos operativos y allanamientos que realiza el Ministerio Público.
“Esa es una realidad. El año pasado ha habido una dación de normas en las cuales se ha subido la valla de prisión preventiva a 5 años, como también la norma que establece que si la Policía, conjuntamente con la Fiscalía, detienen a un sujeto de entre 25 y 18 años que no tiene antecedentes penales y que además la prognosis de la pena es menor a los 8 años, la pena sería suspendida y cuando la pena es suspendida, no cabe la prisión preventiva”, cuestionó en diálogo con la prensa, a su salida de un operativo realizado en el Callao.
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Es más, recordó que el propio ministro de Justicia, Eduardo Arana, reconoció que el Ejecutivo ha emitido normas para combatir la sobrepoblación en los diversos centros penitenciarios del país.
No obstante, recalcó que ni el ministro ni nadie del Ejecutivo puede “cortar su derecho de expresión”, por lo que insistió en que seguirá declarando sobre este y otros temas.
“Me alegro sinceramente que el ministro de Justicia haya reconocido justamente que han dado normas bajo una política de despenalización. Lo que le ha molestado al ministro es que lo digamos ante los medios de comunicación. Obviamente el ministro no puede cortar nuestro derecho de expresión porque la población tiene que tener conocimiento que si los fiscales sueltan delincuentes como ellos sostienen, es porque las normas están ahí”, aseveró.
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Normas y posiciones contradictorias
Al ser consultado por si piensa reunirse con Arana o algún otro ministro para plantear iniciativas que permitan corregir esta situación, Chávez Cotrina rechazó esa posibilidad.
“No tengo por qué reunirme con el ministro porque no está en mi nivel. Yo soy la parte operativa. Supongo que el señor ministro (Eduardo Arana), cuando jure nuestra fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se irá a reunir con ella y podrán coordinar algunos temas de esta naturaleza”, acotó.
Finalmente, el fiscal superior advirtió que hay “normas contradictorias” y discursos de parte del Ejecutivo y Legislativo en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Según dijo, por un lado, el Congreso busca aprobar leyes para encarcelar a delincuentes de entre 16 y 18 años, mientras por el otro, el Ejecutivo actúa a favor de la liberación de los intervenidos.
“Lamentablemente en estas normas que ha dado el Legislativo no ha habido control del Ejecutivo, y cuando hay Decretos Legislativos no hay control del Congreso. Creo que tenemos que tener una unificación, un solo norte todos porque estamos en un solo camino, un solo objetivo”, sostuvo.
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