Caruajulca envía oficio a Arana a fin de que cumpla con reponerla en cargo de procuradora

Una semana después de que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara su reposición como procuradora general del Estado, María Caruajulca acudió esta mañana a la sede principal de dicha institución, ubicada en San Isidro, para asumir nuevamente sus funciones; sin embargo, no la dejaron ingresar al recinto.

La abogada, quien llegó al lugar junto a su abogado y un grupo de policías, intentó ingresar al piso 8 de la Procuraduría General del Estado (PGE), en donde se encontraba su oficina, pero le impidieron el paso.

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Ante esta situación, la abogada envió una carta al ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que le solicitó que cumpla con el mandato judicial que ordena su inmediata reposición como titular de la PGE.

De lo contrario, según advirtió, adoptará las acciones legales pertinentes en su contra.

“En el marco de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como del acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de la República, solicito que de forma inmediata cumpla con gestionar la resolución suprema para que se me reponga en el cargo de Procuradora General del Estado, conforme lo ha señalado por el mencionado colegiado superior, caso contrario, me veré obligada en adoptar las acciones legales pertinentes”, se lee en el documento.

En el texto la abogada le recordó a Arana el carácter vinculante que tienen las decisiones judiciales, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, “sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa”.

Además, enfatizó que cualquier pedido de aclaración sobre los alcances de una resolución judicial debe ser formulado ante el órgano jurisdiccional que le haya emitido, empleando los mecanismos procesales establecidos para dicho efecto, “pero de ningún modo ello impide la ejecución del mandato judicial”.

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Su retorno genera una “controversia jurídica”

Más temprano, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) informó en un comunicado que no ejecutó el fallo judicial porque considera que se “genera controversia jurídica” con el nombramiento de Javier Pacheco en la PGE, a inicios de mayo pasado.

“El Estado, a través de sus órganos de defensa (Presidencia del Consejo de Ministros, MINJUSDH y Procuraduría General del Estado), ha comunicado a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima que la ejecutabilidad de dicha decisión cautelar ha generado una controversia jurídica que afecta la institucionalidad del citado cargo público, en atención a que éste se encuentra ocupado actualmente por Javier Pacheco, designado con las formalidades de ley”, se lee en el texto.

Además, agregaron que el fallo judicial en favor de Caruajulca “no especifica la forma en la que el contexto actual, que es distinto al existente en el momento de concedida la medida cautelar, coadyuvaría con su ejecutabilidad”.

Ante esta situación, desde el Minjus precisaron que se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, en atención a los escritos procesales que, oportunamente, han sido ingresados ante la mesa de partes del colegiado y en que el expusieron con detalles los argumentos jurídicos procesales del conflicto generado.

“El Estado es respetuoso de las decisiones judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en el ejercicio regular de sus funciones y competencias”, finaliza el comunicado.

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