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Pese a que el Gobierno decretó estado de emergencia, por 60 días, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP), Cercado de Lima y Lince, así como en Sullana, para reducir la ola de seguridad que hay en dichas zonas, en otras jurisdicciones continúa la criminalidad y las extorsiones.
Ayer se conoció que la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, se ha sumado a la lista de autoridades ediles que están recibiendo amenazas por parte de extorsionadores. Los delincuentes, que pertenecerían a la organización criminal ‘Injertos de la Nueva Generación del Norte’, le están exigiendo un pago de S/300,000 a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.
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Otros burgomaestres que están en la mira de los extorsionadores son Enrique Navarro (Pimentel), José Tarrillo (Pátapo), Edwin Vásquez (La Victoria) y Hernán Sifuentes (SMP), entre otros más.
Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, advirtió de la peligrosidad del crimen organizado en el país y cómo este fenómeno ha ido creciendo con el pasar de los años.
“Estamos yendo a una situación de excepción. Yo no sabía que ahora a los alcaldes los extorsionan. (Estas organizaciones) están comenzando a atentar contra la estructura del Estado. Mañana será un gobernador, pasado ¿quién será?. Se amenaza a las autoridades. Entonces, estos grupos delincuenciales organizados atentan contra la estructura del Estado. Esto ya no son el simple pistolero o simple ratero, no”, señaló durante una reunión con autoridades en Lambayeque, a la que accedió Canal N.
En ese sentido, consideró que la criminalidad organizada debería ser abordada bajo las “normas de excepción” parecidas a las que se usaron durante la época del terrorismo.
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“Hay que darles otro tratamiento, quizá algo parecido a las normas de excepción que se utilizaron contra el terrorismo. Tenemos que tomar alguna medida y eso está en manos del Ejecutivo y el Legislativo”, apuntó.
Finalmente, Arévalo invocó al Gobierno Regional de Lambayeque, municipalidades distritales del lugar y al Ministerio Público, a apoyar al Poder Judicial con la instalación de Unidades de Flagrancia en esa región, cediendo locales donde pueda instalarse este modelo de justicia rápida que reduce el tiempo en trámites y traslados.
¿Cómo funcionan las Unidades de Flagrancia?
La Unidad de Flagrancia alberga en un mismo local al Poder Judicial (jueces), Ministerio Público (fiscales), Policía Nacional (agentes PNP) y Ministerio de Justicia (abogados de la Defensa Pública).
Recientemente, se puso en funcionamiento Unidades de Flagrancia en los Distritos Judiciales de Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, La Libertad y próximamente en el Callao.
De acuerdo con el Poder Judicial, los equipos jurisdiccionales y administrativos trabajarán con turnos permanentes de manera ordenada y planificada (incluidos sábados, domingos y feriados) durante las 24 horas, en espacios físicos contiguos y con las garantías constitucionales del debido proceso para los investigados.
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