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El expresidente Alejandro Toledo enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en detrimento del Estado.
El Poder Judicial decidirá este jueves 8 de agosto si impone 36 meses de prisión preventiva al expresidente Alejandro Toledo en el marco del proceso penal relacionado con la licitación del tramo cuatro de la carretera Interoceánica.
El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su veredicto en una audiencia virtual que se llevará a cabo a partir de las 3:00 p. m. El pasado viernes 2 de agosto, Zúñiga Urday concluyó la evaluación de los argumentos presentados por las partes involucradas en el caso.
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La fiscal Diana Canchihuaman solicitó la sustitución del mandato de comparecencia simple del exmandatario por prisión preventiva, argumentando que esta medida es la más adecuada para garantizar el buen desarrollo del proceso penal.
Roberto Su, abogado del exmandatario, argumentó que el plazo solicitado por la fiscal es “excesivo y desproporcionado”. En lugar de prisión preventiva, Su solicitó que se imponga detención domiciliaria por 9 meses con custodia policial, considerando que este período es “razonable” y asegura al Ministerio Público que su cliente estará sometido a la justicia.
El abogado solicitó que se considere la avanzada edad de su cliente, su condición de exjefe de Estado y las enfermedades acreditadas que padece.
Delitos que involucrarían a Toledo
La fiscal Diana Canchihuaman Castañeda, del Equipo Especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lava Jato, solicitó 35 años de prisión para el expresidente Alejandro Toledo. Esta petición se basa en los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado.
La magistrada acusa al exjefe del Estado de haber presuntamente recibido un soborno de la Constructora brasilera Camargo y Correa, con el fin de ser favorecido en la licitación del tramo cuatro de la carretera Interoceánica.
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Alejandro Toledo lleva 18 meses en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. Este período es parte del juicio oral que enfrenta por el caso de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, relacionado con Odebrecht. En este contexto, el fiscal José Domingo Pérez Gómez ha solicitado una condena de 20 años y 6 meses de prisión para el exmandatario.
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