Han transcurrido más de 15 años desde que el expresidente Alberto Fujimori recibió su primera sentencia en el Perú, tras ser extraditado procedente de Chile; sin embargo, este hasta ahora no ha pagado un solo sol de la reparación civil que le impuso el Estado.
En concreto, a Fujimori, quien afronta 25 años de prisión efectiva por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, se le impuso una reparación civil de S/27′460,216 por tres casos de corrupción.
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Sin embargo, dicho monto de dinero se incrementó con el pasar de los años, debido a los intereses respectivos.
Gestión supo que, actualmente, la reparación civil que adeuda Fujimori al Estado, por estos tres casos, es de S/ 57′171,468.78 Es decir, el monto se incrementó en más de S/ 30 millones producto de los intereses.
La Procuraduría y por qué no puede embargar las pensiones de Fujimori
En diálogo con Gestión, el procurador anticorrupción Javier Pacheco recordó que Fujimori aún no ha iniciado el proceso del cobro de las pensiones que percibe como expresidente del Perú, a cargo del Congreso de la República, y como excatedrático y exrector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina.
“Estas dos pensiones suman entre las dos unos S/ 4 millones; sin embargo, él (Alberto Fujimori) aún no lo ha tramitado. Nosotros quincenalmente pedimos informe a ambas entidades para que se establezca cuál es la situación y, hasta ahora, no lo ha pedido formalmente”, señaló.
Explicó que, de acuerdo al Código Procesal Civil, los embargos sólo pueden recaer sobre los bienes de la persona obligada. Es decir, mientras los recursos se encuentren en las cuentas del Congreso y de la Universidad Agraria de La Molina son de naturaleza “inembargable”.
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“Estamos esperando. En cualquier momento esta persona (Alberto Fujimori) accionará sus beneficios laborales que tiene como exrector de una universidad y como expresidente. Una vez que lo haga, inmediatamente todo ese dinero será embargado”, dijo.
A diferencia de los demás sentenciados de la mafia enquistada en el Gobierno entre la década del 90 y 2000, Pacheco recordó que el exmandatario se desprendió de todos los bienes que tenía a su nombre antes de asumir su cargo, por lo que dijo que no se le puede embargar nada.
“Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Ahora, no tenemos la capacidad de saber si (Alberto) Fujimori tiene bienes en otros países, pero que tengan un origen lícito. Hay que recordar que la reparaciones civiles se pagan con dinero lícito (…) hemos investigado aquí en Perú, a través de los registros y las redes de información que establecen quiénes tienen bienes o acciones, y Fujimori no tiene nada”, cuestionó.
La extradición de Fujimori y los nuevos casos por los que sería procesado
En otro momento, Pacheco informó que esta semana se tramitó oficialmente un pedido ante el Gobierno de Chile para ampliar la extradición de Fujimori y que este pueda ser procesado en el país por ocho casos más.
Estos son: los pagos a Ernesto Schütz, venta de armas a las FARC, revelación de secretos de Estado, la ejecución extrajudicial en la embajada de Japón, la matanza en el penal Castro Castro y los casos Ventocilla, Secuestro y Esterilizaciones Forzadas.
El procurador añadió que la ministra instructora de la Corte Suprema de Chile, Andrea Muñoz, ya tiene los oficios en su poder y que también se está enviando una defensa técnica a dicho país a fin de que acompañen el proceso.
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“Ella (Andrea Muñoz) ha hecho dos preguntas adicionales. La primera es si en cada proceso (Alberto) Fujimori va a declarar, ya que su defensa ha dicho que no. Y la otra, que estamos esperando que se subsane, es que se le practique un examen neurológico a Fujimori en la que se establezca si tiene capacidad de entendimiento de lo que se va a hacer”, apuntó.
Según dijo el abogado del Estado, la magistrada chilena busca comprobar si el investigado tiene las condiciones para afrontar estos procesos debido a su edad y a su delicado estado de salud.
“Ya se ha pedido que tanto la Fiscalía y el INPE hagan este examen (a Fujimori). Esperamos que este mes se culmine con esto para que se envíe a Chile la respuesta, porque el tribunal de ese país nos dio un plazo para cumplir con la medida”, acotó.
Pacheco indicó que una vez subsanado este pedido, los ochos casos pasarán a la exposición por parte de las defensas (Estado peruano y de Fujimori) en Chile y luego se emitirá una primera sentencia, la misma que deberá ser revisada por el pleno de la Corte Suprema de ese país, a efectos de acceder a la ampliación de la extradición.
“Luego pasará al Ejecutivo y este tomará la última decisión, que entendemos debe ser positiva”, sostuvo tras precisar que, tras analizar el pedido en las dos instancias en Chile, deberíamos tener una respuesta antes que acabe el año.
No tiene ningún tipo de ingreso económico
En diálogo con este diario, el abogado de Fujimori, Elio Riera, indicó que en este momento se encuentra concentrado en sacar adelante los dos recursos constitucionales que tienen en trámite para buscar la libertad de su cliente; sin embargo, recalcó que el exmandatario es una persona de 84 años y que no tiene ningún tipo de ingreso económico, por lo que dijo que no tendría cómo solventar esa millonaria reparación civil.
“Yo no puedo pedirle a una persona de 84 años, que está recluida en un penal, que no ha cobrado ningún tipo de pensión y que no tiene ningún tipo de ingreso económico, que pague una reparación civil de esa magnitud. Él (Alberto Fujimori) no ha cobrado ningún tipo de pensión hasta el momento”, señaló.
Respecto a las pensiones que aún no ha cobrado su cliente, Riera indicó que la Procuraduría puede tomar las acciones que corresponda. “Mas bien, ¿qué ha hecho el procurador durante todo este tiempo?, ¿qué escritos ha solicitado, ¿dónde está la carta notarial que supuestamente nos ha enviado?”, se preguntó.
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El abogado enfatizó que el exmandatario se encuentra en este momento con respiración asistida y que no está pensando en el tema de la reparación civil.
Al ser consultado por el pedido de ampliación de la extradición de su patrocinado para que sea procesado en el Perú por ocho nuevos casos, Riera recalcó que no tienen intención de allanarse ante la solicitud y que están realizando una defensa activa en Chile.
“Por un tema de estrategia no podría revelar los mecanismos procesales que estamos realizando. Lo que puedo señalar, a manera general, es que allá (Chile) tenemos una defensa activa y estamos cuestionando cada uno de los procesos”, acotó.
Prácticamente descartó que su patrocinado vaya a solicitar un nuevo pedido de indulto humanitario debido a los nuevos estándares consignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Por eso estamos planteando estrategias procesales a nivel constitucional a fin de tener un pronunciamiento favorable para nuestros intereses”, dijo tras precisar que los dos recursos que presentaron podrían estar resolviéndose dentro de 6 a 8 meses.
Fujimori y los otros deudores del Estado
Fujimori no es el único político o exfuncionario que le debe al Estado por concepto de reparación civil.
Pacheco informó que a los integrantes de la organización criminal que operó entre la década del 90 al 2000 se les impuso una reparación civil de aproximadamente S/1,300 millones. La mayoría de ellos solo han pagado una parte de toda esa caución.
La lista de deudores al Estado por delitos de corrupción es liderada por Vladimiro Montesinos, quien debe al Estado más de S/548 millones, seguido por el exgerente general de la Caja de Pensiones Militar Policial, César Victorio Olivares (debe más de S/340 millones) y por Juan Valencia Rosas, sindicado como el principal testaferro de Montesinos (debe más de S/154 millones).
En otro momento, el procurador indicó que, para este año, la meta de su despacho es recuperar S/30 millones por concepto de reparación civil
“A la fecha, tenemos depositado, como reparaciones civiles, un total de S/ 4′182,968.08. El año pasado rematamos unos bienes y hemos podido recuperar S/ 8 millones, que recién el juzgado nos lo depositará este año. En total, tendríamos más de S/ 12 millones”, añadió.
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