Hace un año, el 21 de febrero del 2023, el Departamento de Estado de EE.UU. concedió la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006). Dos meses después, el exmandatario llegó a su país natal y fue trasladado al penal de Barbadillo, desde donde espera que llegue el 25 de marzo, fecha del inicio del juicio oral por el caso de lavado de activos.
Con un estado de salud deteriorado, Toledo enfrenta los procesos por dos casos de corrupción, uno por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de la empresa Odebrecht, y otro por un supuesto lavado de activos en el caso Ecoteva, en el que está también acusada su esposa, Eliane Karp, quien es solicitada en extradición por la Justicia peruana tras haber viajado a Israel.
Estas son las principales claves de la situación jurídica del exmandatario peruano:
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Los sobornos de Odebrecht
El 25 de marzo tendrá lugar de manera presencial la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación contra Toledo y otros implicados por las presuntas irregularidades en la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.
La Fiscalía a cargo del caso pide 35 años de cárcel para el exmandatario y lo acusa de haber cometido los delitos de colusión y lavado de activos.
La investigación le imputa haber recibido US$ 34 millones en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle varios tramos en la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
El exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó que él mismo acordó estos pagos con Toledo y un amigo del exmandatario, Joseph Maiman, confesó antes de morir en el 2021 que prestó sus cuentas para que se depositara el dinero ilícito.
El caso Ecoteva
El Ministerio Público considera que parte del dinero ilícito obtenido a través de Odebrecht fue transferido a la empresa Ecoteva y pide que Toledo y su esposa sean condenados a 16 años y 8 meses de prisión, en cada caso.
Esta investigación fue abierta en el 2013 a raíz de una millonaria compra de inmuebles en Lima a nombre de la madre de Karp, Eva Fernenburg, a través de Ecoteva, una empresa que constituyó en Costa Rica.
Por ese motivo, la Fiscalía peruana pidió que se solicite a Estados Unidos la ampliación de la extradición para que Toledo también sea juzgado por esta acusación.
Además, el 23 de mayo pasado el Poder Judicial peruano pidió a la Justicia de Israel el arresto de Karp, para su extradición a Perú, después de que esta viajara unos días antes desde Estados Unidos a ese país, donde aún permanece en libertad.
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Un frágil estado de salud
El estado de salud del exmandatario ha sido uno de los argumentos que su defensa ha expuesto en las audiencias previas al juicio para intentar anular la acusación fiscal y la orden de permanecer en prisión.
En este sentido, el 6 de junio del 2023, Toledo fue trasladado desde la cárcel a un hospital de Lima para recibir atención de emergencia por una crisis hipertensiva, y a inicios de noviembre pasado aseguró en una audiencia judicial que padece de cáncer y problemas cardíacos, por lo que solicitó seguir el proceso judicial en libertad.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el exgobernante sufrió la crisis hipertensiva durante una cita médica ya programada en los servicios de cardiología, gastroenterología y urología, mientras que el tribunal a cargo del caso ordenó que participe de manera virtual en el proceso, mientras es sometido a exámenes por médicos legistas.
La prisión en el penal de Barbadillo
Toledo, que era reclamado por la Justicia peruana desde el 2017, se entregó el 21 de abril del 2023 a la Corte de San José, California (Estados Unidos), para ser extraditado al país andino, y dos días después llegó custodiado a Lima en un vuelo comercial desde Los Ángeles.
En una entrevista concedida en exclusiva a EFE la víspera de su citación judicial, Toledo exigió a la Justicia de su país que no permita su “muerte en prisión”.
En medio de una gran expectación, y tras la audiencia de control de identidad e inspección médica, Toledo fue trasladado al penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde permanece junto al también expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y hasta diciembre compartió prisión con Alberto Fujimori (1990-2000), el otro exmandatario que fue liberado tras restablecerse el indulto que se le otorgó en diciembre del 2017.
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