El ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo este miércoles que el principio de autoridad en los penales del país está plenamente garantizado por el Gobierno, por lo que descartó motines o acciones que puedan afectar la seguridad del país, como ocurrió recientemente en Ecuador.
“El principio de autoridad existe en todos los penales, la ciudadanía debe tener la seguridad y la tranquilidad que en los penales se está haciendo un trabajo (de control y seguridad) coordinado con todas las autoridades”, señaló en diálogo con los periodistas.
Justamente, comentó que el retiro de las antenas es un trabajo de prevención para evitar que en los penales ingresen ilegítima e ilegalmente cualquier señal de wifi.
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Arana lideró un operativo conjunto para la desinstalación de antenas de internet ubicadas en casas aledañas de los penales Lurigancho y Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que pretendiando vulnerar la seguridad de estos establecimientos.
El operativo conjunto contó con la participación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Policía Nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Fiscalía de Prevención del Delito, y Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho.
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Presos en Ecuador
En declaraciones a la prensa, el ministro también se pronunció sobre la intensión de Ecuador de devolver a sus países de origen a 1,500 presos extranjeros que existen en sus cárceles, entre ellos peruanos.
Al respecto, comentó que ya ha habido un primer acercamiento en ese sentido que se ha efectuado mediante la Cancillería y la policía peruana, y que este trámite implicaría un proceso de extradición.
“Este tipo de acciones deben efectuarse con procedimiento de extradición, no es un asunto tan sencillo. Lo que estamos evaluando es la forma en que esto debe hacerse. Entendemos la preocupación de la hermana república de Ecuador y le hemos dado todo el apoyo conjunto legal de la Cancillería, incluso a nivel de policía”, señaló.
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Asimismo, el ministro Arana precisó que el Gobierno no tiene ninguna participación en el pedido efectuado por el expresidente Alberto Fujimori para que se le excluya del caso Pativilca, como parte del beneficio del indulto, pues se trata de un asunto privado que deben resolver los jueces, ya sea del Poder Judicial o Tribunal Constitucional.
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