El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, presentó el Plan Nacional de Deshacinamiento cuyo objetivo es reducir la sobrepoblación en los penales y garantizar mejores condiciones de seguridad y gestión.
El plan contempla la evaluación de más de 5,000 expedientes y estima que cerca de 24,739 internos podrían ser susceptibles de acogerse a la política, siempre con la supervisión del INPE y del Poder Judicial.
Según Jiménez Borra, “el Ministerio de Justicia y el INPE no pueden hacer el trabajo aisladamente, sino en coordinación con el Poder Judicial”.
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En conferencia de prensa, el ministro indicó que “solo se está considerando delitos de baja gravedad, como omisión de asistencia familiar, delitos dolosos y leves con sentencias menores a cuatro años” y aclaró que “los delitos de mayor gravedad, como homicidio, sicariato o extorsión, de ninguna manera van hacer siquiera analizados”.
El ministro indicó que el plan también incluye la revisión de los establecimientos penitenciarios existentes, ya que “tenemos cuatro establecimientos penitenciarios en construcción o ampliación, en Pucallpa, Arequipa, Iquitos y Abancay,”, lo que permitirá que “los internos puedan ocupar estos locales y deshacinar los que la están en esa condición”.
Sobre la situación actual en los penales, mencionó que “en el penal de Lurigancho, con capacidad para 3,000 internos, hoy hay 10,000; y en el penal de Chincha, en una celda donde deben haber 8 personas, hay 21””, advirtiendo que esto hace imposible garantizar la seguridad.
El ministro explicó que el plan tiene como horizonte el 2028, con la finalidad de asegurar la continuidad del plan de deshacinamiento y no depender de gestiones cortas, y añadió que “estamos dando la opción de ruptura, para que el próximo gobierno continúe con esta medida desde este año”.
