
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, señaló que su patrocinada no iniciará acciones para solicitar una indemnización luego de que el Poder Judicial dispusiera el archivamiento definitivo del caso Cócteles, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional (TC).
La letrada explicó que, pese a estar legalmente facultada para hacerlo, Fujimori Higuchi optó por no promover ningún pedido de compensación por los años que duró la investigación en su contra.
“Ha sido decisión personal de ella no accionar ni pedir una medida de indemnización, que pudiera haberla hecho porque está legalmente habilitada por el perjuicio que se le causó; sin embargo, ha decidido no demandar en ese extremo“, indicó en el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”,
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El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Wilson Verástegui, dispuso el sobreseimiento definitivo del proceso por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. La decisión responde a la ejecución de la sentencia del TC, que concluyó que los hechos imputados no constituían delito, en aplicación del principio de legalidad.

La resolución judicial también alcanza al partido político Fuerza Popular y a otros 32 coprocesados. El fallo estableció que investigar penalmente la recepción de aportes para las campañas electorales de 2011 y 2016 implicaba una aplicación retroactiva de la ley penal, dado que dichas conductas no estaban tipificadas como delito al momento de producirse.
Loza sostuvo que el proceso llega a su fin tras ocho años de actuaciones judiciales, sin que se haya probado la existencia de una organización criminal. Desde la perspectiva de la defensa, el pronunciamiento del Poder Judicial representa “el mayor resarcimiento” a la inocencia que —aseguró— siempre sostuvo la ex candidata presidencial.
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Asimismo, destacó que la decisión conlleva el levantamiento de todas las medidas personales y patrimoniales impuestas contra Fujimori durante la investigación. Finalmente, la abogada afirmó que el caso tuvo como finalidad apartarla de las contiendas electorales y cuestionó la objetividad de las actuaciones fiscales desarrolladas en los últimos años.








