La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Delia Milagros Espinoza Valenzuela, exfiscal suprema y exfiscal de la Nación, por presuntas irregularidades en el uso de recursos del Estado durante el periodo en que se encontraba suspendida del cargo.
La medida se sustenta en el Informe N.° 006-2026-GATRP-JNJ, fechado el 26 de enero de 2026 y elaborado por el miembro del pleno Gino Augusto Tomás Ríos Patio. El documento recoge los alcances de la denuncia N.° 1736-2025-JNJ, presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar.
De acuerdo con el informe, Espinoza habría utilizado vehículos oficiales del Ministerio Público, identificados con las placas EGW-711 y EGW-715, cuando ya se encontraba suspendida de sus funciones como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Dicha suspensión, que comprendía también la pérdida de todas sus atribuciones, fue dispuesta mediante la Resolución N.° 143-2025-PLENO-JNJ, emitida el 19 de setiembre de 2025.
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Para la JNJ, los hechos descritos ameritan una indagación preliminar que permita determinar si existió un uso indebido de bienes públicos y si la conducta atribuida resulta incompatible con los deberes éticos y funcionales que rigen el ejercicio de la función fiscal, incluso durante un periodo de suspensión.
El organismo constitucional, presidido por María Teresa Cabrera Vega, reiteró su compromiso con la legalidad, la ética pública y la correcta administración de los recursos del Estado, así como con el control y evaluación de la actuación de las más altas autoridades del sistema de justicia.
La JNJ abrió una indagación preliminar por el presunto uso de recursos del Estado tras la suspensión de Espinoza. Foto: Andina.
Las razones de su destitución
El pasado 23 de enero de 2026, la Junta Nacional de Justicia resolvió, por unanimidad, destituir a Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema titular, poniendo fin a un proceso disciplinario iniciado en setiembre de 2025.
La sanción se sustentó, principalmente, en el incumplimiento de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, emitida en junio del año pasado, que ordenaba la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, mandato que no fue acatado de manera inmediata.
A ello se sumó una sanción política impuesta por el Congreso de la República hacia finales de 2025, que inhabilitó a Espinoza por diez años para el ejercicio de la función pública. El Parlamento consideró que la exfiscal incurrió en un presunto incumplimiento de la Ley N.° 32130, norma que restituyó a la Policía Nacional del Perú las facultades operativas para conducir las investigaciones preliminares.
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Según el Legislativo, las decisiones adoptadas por Espinoza contravinieron el marco legal vigente, que asigna a la PNP la conducción material de las diligencias iniciales en la investigación del delito.
Con la apertura de esta nueva investigación preliminar, la exfiscal de la Nación acumula tres procesos sancionadores en distintas instancias, mientras continúa impulsando acciones judiciales destinadas a cuestionar las medidas adoptadas en su contra.
