
La presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gilardi, sostuvo que existe la pretensión de instrumentalizar la justicia en beneficio de intereses particulares y partidarios en favor de la impunidad o la descalificación de adversarios.
Tello Gilardi vinculó tal peligro con fenómenos graves y complejos como el crimen organizado, la corrupción, economías ilegales, lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas, extorsión, trata, extracción ilegal de recursos naturales, y otros.
“La independencia judicial enfrenta riesgos provenientes de fuerzas mega estructurales, propuestas populistas, autoritarias y regresivas en materia de derechos fundamentales, así como procesos de desconstitucionalización o desconvencionalización del Derecho”, afirmó.
Fue al inaugurar el “Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina”, al que asisten autoridades judiciales de Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Panamá, como representantes judiciales de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá y Uruguay.
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La magistrada remarcó, también, que la judicatura y sus órganos de gobierno son el contrapeso indispensable al poder político, a fin de garantizar la supremacía de la Constitución, el principio de legalidad, el control, balance y separación de poderes, así como la protección de derechos fundamentales.
“Los principios de exclusividad e independencia de la función judicial, son hasta hoy un desafío permanente y tarea pendiente que asumimos en nuestros Estados, y especialmente desde la judicatura, para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación alguna, para todos y todas por igual”, expresó.

La magistrada consideró, además, la imperiosa necesidad de repensar estructuras, procesos y capacidades institucionales para un nuevo tiempo y un nuevo Poder Judicial.
La magistrada explicó que, en sus dos siglos de existencia, los Poderes Judiciales de Latinoamérica enfrentaron tensiones estructurales, reformas incompletas, contextos autoritarios y crisis institucionales.
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Al respecto, consideró oportuna la necesidad de reflexionar en el certamen, sobre independencia judicial, autonomía institucional y garantías de la carrera judicial, “pilares indispensables para asegurar jueces y juezas independientes, profesionales y comprometidos con el servicio público”.
“La independencia judicial no es solo una prerrogativa corporativa y personal; es, esencialmente, una garantía de tutela judicial o procesal efectiva porque donde la judicatura es independiente, imparcial, se fortalece la democracia, se protege a los más vulnerables y se consolida el Estado de derecho”, señaló.
Asimismo, enfatizó otro de los enormes retos que plantean problemas estructurales que todavía no encuentran solución en América Latina, por ejemplo, el acceso a la justicia para grupos y personas en situación de especial vulnerabilidad y discriminación.
“Ello nos demanda perfilar, en un entorno de diálogo e intercambio de experiencias, soluciones actuales, creativas y efectivas, orientadas a ampliar y garantizar el acceso a la justicia, como sustrato y fundamento nuestra institucionalidad”, señaló, en certamen desarrollado en Palacio de Justicia.








