
En el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo aprobó nuevas disposiciones para evitar el anonimato y las comunicaciones ilícitas que afectan a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, mediante reglas que refuerzan la identificación y trazabilidad de llamadas y mensajes de texto.
El Decreto Legislativo N.º 1723, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, establece reglas y mecanismos para el uso adecuado de la numeración en llamadas y mensajes de texto, con el objetivo de garantizar la identificación y veracidad del número de origen de las comunicaciones.
La norma busca evitar o mitigar prácticas como el enmascaramiento o la manipulación del recurso numérico, que facilitan comunicaciones ilícitas en perjuicio de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.
El decreto fue aprobado en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Ejecutivo para legislar en materias vinculadas a la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad organizada, el crecimiento económico responsable y el fortalecimiento institucional.

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FISCALIZACIÓN, SANCIONES Y CONTROL DEL MTC
El Decreto Legislativo es aplicable tanto a las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones como a los agentes vinculados a la trazabilidad de llamadas y mensajes de texto. Se considera como tales a las personas naturales o jurídicas que intervienen en el enrutamiento o encaminamiento de las comunicaciones y que cuentan con información sobre su trazabilidad.
Asimismo, el MTC podrá fiscalizar y sancionar a las empresas operadoras y a los agentes vinculados por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del decreto. Las sanciones previstas incluyen amonestaciones escritas y multas.

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REFUERZO A LA PROHIBICIÓN DEL SPAM
La norma también modifica la Ley N.º 32323, que a su vez modifica la Ley N.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones SPAM y fortalecer la protección de los usuarios frente a prácticas abusivas.
El decreto cuenta con la rúbrica del presidente de la República, José Jerí; del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera.







