El gobierno promulgó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026‑2028 mediante el Decreto Supremo 001‑2026‑IN, con el objetivo de ordenar y articular la respuesta del Estado frente al avance de la delincuencia. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló este lunes que se trata de un plan que ya se venía trabajando desde la gestión anterior (José Jerí).
“No solo es un plan del Ejecutivo, es un plan en el que han participado los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Ese plan se ha aprobado a sugerencia de ellos. Hubieron sugerencias adicionales y algunas se han incorporado y otras se han propuesto para ser atendidas paulatinamente”, explicó.
Policía detiene a presuntos extorsionadores de obras de construcción en San Martín de Porres y Los Olivos. (Foto: Andina)
Asimismo, mencionó que se ha dispuesto que entre el 18 al 20 de marzo se tengan 6 mil nuevos efectivos en todo el país. “Dos mil de los cuales son de la especialidad de criminalística. No son solo efectivos, son profesionales especializados; lo que va a mejorar la lucha contra la delincuencia”.
La titular de PCM agregó que también se decidió que un gran número de oficiales de la Policía esté como parte del patrullaje en las diferentes ciudades.
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Ejes de intervención
El plan plantea objetivos estratégicos y ejes de intervención con enfoque territorial y de gestión por resultados, priorizando la reducción de delitos violentos como la extorsión y los homicidios, así como el combate a la criminalidad organizada. Según la presentación hecha en el Conasec, el diseño incluye 132 intervenciones estratégicas, de las cuales 49 estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú en labores preventivas, de inteligencia, investigación criminal y apoyo a estados de emergencia focalizados.
La norma establece que el plan es de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), además de otros sectores que intervienen en prevención y control del delito, como Justicia, Educación, Cultura y Transportes.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, deberá aprobar en un plazo máximo de diez días hábiles los mecanismos de seguimiento y evaluación, mediante resolución ministerial.
En el plano operativo, el plan contempla fases de intervención, responsabilidades institucionales claras y mecanismos de coordinación intersectorial, con metas que apuntan a mejorar la capacidad de reacción del Estado y a recuperar espacios públicos para la ciudadanía.
La implementación se financiará con los presupuestos institucionales vigentes de las entidades involucradas, sin crear nuevos fondos, de acuerdo con las leyes anuales de presupuesto.
El decreto está refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y los titulares del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Economía y Finanzas, Cultura, Educación y Transportes y Comunicaciones, lo que evidencia el carácter multisectorial de la estrategia. El Ejecutivo ha anunciado que el anexo con el detalle del plan se publicará en las plataformas oficiales del Estado, mientras el Gabinete afina las medidas complementarias para su ejecución en coordinación con gobiernos regionales y municipalidades
