A días de las elecciones generales 2026, es importante revisar los planes de gobierno de los candidatos, la “hoja de ruta” de políticas públicas para el quinquenio 2026–2031, incluyendo temas como recursos naturales, cambio climático y gestión ambiental.
Monitoreo satelital, reducir deforestación, financiamiento verde, siembra y cosecha de agua, entre otras, son las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de desarrollo ambiental. ¿Qué es lo que se propone y qué es lo que se requiere?
Julio del Valle Ballón, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que las elecciones representan un momento clave para la ciudadanía, especialmente para quienes votarán por primera vez, destacando la importancia de promover un voto informado y responsable.
Asimismo, advirtió que el país atraviesa una etapa de fragmentación y desconfianza, en la que el proceso electoral será determinante para definir el rumbo de las políticas públicas, en particular en materia ambiental y de gestión de recursos naturales.
Los primeros gobiernos territoriales en Perú se establecieron en los territorios de la Amazonía norte. Foto: cortesía Cuencas Sagradas
Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (INTE PUCP), y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la PUCP, indicó que los temas ambientales aún no ocupan un lugar prioritario en la agenda pública, pese a su relación con problemáticas como la minería ilegal, la deforestación y la inseguridad.
El encuentro fue estructurado en tres momentos: un diagnóstico académico, aportes desde la sociedad civil y la presentación de propuestas políticas.
¿Qué proponen los candidatos?
En el caso de Fuerza Popular, proponer implementar Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal con drones y monitoreo satelital para combatir la deforestación ilegal y promover el desarrollo sostenible amazónico, así como el financiamiento verde a proyectos productivos alternativos.
En el caso de Partido País para Todos, proponen recuperar el control en la Amazonía y fortalecer resiliencia climática: combatir economías ilegales, reducir deforestación y proteger vidas e infraestructura ante desastres. Así como modernizar el sistema de descentralización para mejorar la provisión de servicios públicos, fortalecer el desarrollo territorial y asegurar una asignación más equitativa y eficiente de los recursos entre territorios.
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Renovación Popular por su parte, propone reforzar el Consejo Nacional del Agua para el eficiente manejo técnico de cuencas y campañas anuales de siembre y cosecha de agua; además de reforzar y dinamizar la OEFA y el Serfor.
Partido del Buen Gobierno sugiere diversificar la matriz energética con una mayor participación de fuentes renovables no convencionales, descentralizadas y limpias. Además de mejorar la calidad ambiental del aire, agua y suelo para promover la inversión, la competitividad y la productividad.
Desde el Partido Morado proponen implementar un sistema de monitoreo satelital en tiempo real, junto con guardaparques e incentivos. Además, de implementar planes de ordenamiento territorial obligatorios en ciudades con más de 50,000 habitantes.
Mientras que Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, propone incrementar el acceso a servicios de agua segura para la población rural, amazónica y periurbana; establecer un esquema de financiamiento sostenible, predecible y orientado al desarrollo territorial; y reducir progresivamente la dependencia de combustibles fósiles en la matriz energética nacional.
Desafíos estructurales
En este contexto , representantes de la sociedad civil, líderes indígenas y actores del sector productivo participaron en un espacio de diálogo convocado desde la PUCP para analizar el vínculo entre sostenibilidad, desarrollo y toma de decisiones públicas.
En el bloque académico, el antropólogo Óscar Espinosa abordó la situación de la Amazonía, señalando que se trata de uno de los territorios más vulnerables del país.
Entre los principales problemas identificó la deforestación, la contaminación de ríos, la pérdida de biodiversidad y la expansión de economías ilegales.
Indicó que el Perú pierde aproximadamente 150 mil hectáreas de bosques al año, en un proceso asociado a múltiples factores como la agroindustria, el narcotráfico, la minería ilegal y el desarrollo de infraestructura.
En relación con el sector agrícola, Sabogal planteó la necesidad de definir el rumbo del desarrollo agrario, especialmente tras la extensión de la ley agraria hasta 2035 -criticada porque otorga beneficios tributarios a grandes agroexportadoras, con un alto costo fiscal-.
A partir de recomendaciones de organismos internacionales, destacó la importancia de la gestión sostenible del suelo, la restauración de tierras degradadas y la seguridad alimentaria, planteando interrogantes sobre el modelo de agroexportación, el despoblamiento rural y la preservación de sistemas tradicionales.
Por su parte, Juan Carlos Sueiro, representante de Oceana, advirtió riesgos asociados al crecimiento de la flota artesanal, la informalidad en nuevas embarcaciones y la sobreexplotación de especies.
Desde una perspectiva climática, Rosa Morales, de CARE Perú, indicó que el cambio climático impacta de manera transversal a todos los sectores, generando efectos como sequías, inundaciones, pérdida de glaciares y afectaciones a la salud pública.
Si bien el país cuenta con marcos normativos en la materia, señaló que el principal desafío radica en su implementación efectiva.
pueblos indígenas, comunidades nativas y campesinas. Foto: Andina
En la misma línea, Mariano Castro, de GRADE, sostuvo que la crisis ambiental no es sectorial, sino estructural, y que incide directamente en la viabilidad del desarrollo y la democracia.
Planteó la necesidad de incorporar criterios de justicia ambiental, priorizar territorios vulnerables y vincular las políticas públicas con presupuestos concretos.
Ketty Marcelo, lideresa indígena, destacó la relación entre los territorios andinos y amazónicos, así como la importancia de reconocer saberes ancestrales y garantizar la autonomía territorial.
Desde el sector agrario, Luis Gomero, de Conveagro, advirtió que la agricultura familiar enfrenta múltiples amenazas, en particular por el cambio climático.
Cuestionó la falta de políticas públicas efectivas y planteó la necesidad de impulsar prácticas sostenibles, diversificación productiva y tecnologías de adaptación.
En el ámbito pesquero, Josué Abad, representante de pescadores artesanales, señaló las dificultades para la formalización del sector y la falta de reconocimiento de su aporte a la cadena alimentaria.
También mencionó los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos y la necesidad de incorporar el conocimiento empírico en la toma de decisiones.
Desde el sector empresarial, Micaela Rizo Patrón, de Perú Sostenible, enfatizó la necesidad de abordar la sostenibilidad de manera integral, articulando Estado, empresas y sociedad civil.
Sostuvo que los desafíos como la lucha contra la ilegalidad, la adaptación a estándares internacionales y la importancia de la innovación.
