La Contraloría General, en los primeros nueve meses del 2023, ha identificado la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 3,969 funcionarios públicos involucrados en irregularidades cometidas en diversas entidades públicas en todo el país.
Ello, como resultado de los servicios de control posterior realizado por la Contraloría, según informó el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para presentar su informe de gestión institucional y otros temas.
“Tenemos que más de 1,800 funcionarios pertenecen al Gobierno Nacional, más de 600 corresponden a instancias de Gobierno Regional y más de 1,400 son de gobiernos locales. Este número va a crecer significativamente en los próximos tres meses de año y es que se realizará, esencialmente, el control posterior”, enfatizó.
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También mencionó que este año se espera concretar más de 45,000 servicios de control. Aseguró además que se necesitan fortalecer las capacidades de los gestores públicos para que puedan reaccionar con mayor rapidez ante las alertas que emite la Contraloría a través de los servicios de control simultáneo que suman 30,351 al cierre de setiembre.
“El 24% de las 53,131 alertas que se emitieron al 30 de setiembre se han corregido, lo cual está bien, pero tenemos casi otra cuarta parte (24%) que no se han corregido y eso va a generar (el próximo año) la información necesaria para el deslinde de responsabilidades a través del control posterior”, acotó.
Sin ejecución contra el Niño
El Contralor añadió que, desde abril, el Poder Ejecutivo ha destinado S/ 4,116 millones con el objetivo de financiar medidas para la gestión de riesgos de desastres con un nivel de ejecución total de 13.5% al 5 de octubre, sin embargo, a nivel del Gobierno Nacional se tiene un 11% de ejecución.
“Por eso la Contraloría ha expresado su preocupación sobre este tema. Nos han dicho que somos alarmistas, pero en realidad somos realistas porque es prácticamente imposible que terminen de ejecutar esa plata, salvo que El Niño se postergue y las lluvias no vengan, pero ya empezó a llover”, subrayó.
Es por ello que la Contraloría aprobó y puso en marcha su Plan de Control para la Gestión de Riesgo de Desastres de cuatro objetivos:
- Determinar si las entidades cuentan con planes específicos aprobados y actualizados.
- Definir si el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) viene recopilando, elaborando y difundiendo oportunamente la información los peligros y amenazas en el proceso de estimación de riesgos.
- Establecer si las entidades públicas ejecutan las acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres.
- Evaluar si se están realizando las acciones y actividades que permitan una adecuada y oportuna atención de personas y rehabilitación de servicios afectados.
En ese orden de ideas, el Contralor indicó que se desplegaron 800 auditores en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Cajamarca para la ejecución de dicho plan, que ha dado como resultado la emisión de 2,860 servicios de control simultáneo y se alertaron 7,332 situaciones adversas, de las cuales solo se han corregido casi el 10% (626), el 8% (464) no se ha corregido y el resto está en plazo de corregirse.
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Control Recurrente
En otro punto destacado por el Contralor General, se abordó la implementación de la Ley N° 31358, que establece medidas para la expansión del control concurrente. Durante el año 2022, esta modalidad de control simultáneo se aplicó a un total de 588 obras públicas a nivel nacional, regional y local, generando 1,085 hitos de control concurrente y revelando 3,885 situaciones adversas.
Dentro de estas situaciones adversas identificadas, el 54% (2,087) corresponden a deficiencias cualitativas, como problemas en registros administrativos y procedimientos, retrasos en los plazos de ejecución, deficiencias en los expedientes técnicos, y prácticas inadecuadas de almacenamiento de materiales, entre otros. El 46% restante (1,798) son de índole cuantitativa, como penalidades no aplicadas, pagos por prestaciones no ejecutados, pagos parciales por prestaciones, ampliaciones de plazo no sustentadas y garantías no retenidas, entre otros.
El Contralor resaltó que este 46% de situaciones adversas representa un monto de S/ 610 millones. En caso de que todas las entidades operaran eficientemente o mitigaran las alertas emitidas por la Contraloría, se hubiera producido un ahorro potencial de este nivel. Sin embargo, solo el 22% de estas situaciones se corrige oportunamente. En términos prácticos, gracias al efecto del control concurrente, el Estado logró ahorrar potencialmente S/ 135 millones, mientras que el costo de estos servicios fue de S/ 26 millones.
Mirando hacia el futuro, hasta el año 2025 se espera que la Contraloría reciba alrededor de S/ 1,000 millones para llevar a cabo el control concurrente en una gran cantidad de inversiones públicas. Los mayores montos se ejecutarán en los años 2023 (S/ 387.1 millones), 2024 (S/ 470 millones) y 2025 (S/ 136.9 millones). Como respuesta a esta proyección, la Contraloría ha lanzado convocatorias públicas de personal para fortalecer las intervenciones de control concurrente, y solo en el 2023 se prevé la incorporación de alrededor de 3,000 profesionales, duplicando así la capacidad operativa de la entidad.
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Presupuesto y retos 2024
Shack Yalta compareció ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para respaldar el presupuesto de la Contraloría General de la República para el año fiscal 2024, que asciende a S/ 1165.8 millones. Durante su exposición, explicó que como parte del Plan Nacional de Control 2024 se tiene proyectado realizar 50 mil servicios de control, de los cuales 20 mil serán servicios de control simultáneo bajo la modalidad de control concurrente.
Además, detalló que para el próximo año se continuará con la reforma del control gubernamental. Para ello, se han presentado varios proyectos de ley al Congreso, con el objetivo de ampliar las competencias del Contralor General, mejorar el control, promover la eficiencia, la integridad y la sanción en la administración pública, auditar a las personas y su comportamiento, y fortalecer el Ecosistema de Control en el sector público, entre otros aspectos.
En sus intervenciones ante ambas comisiones, Shack Yalta también abordó la problemática de la corrupción en el Perú. Destacó que, si bien hay una disminución en términos interanuales, el problema persiste y disminuye a un ritmo insuficiente. Mencionó que la incidencia bajó del 14.9% en 2019 al 13.4% en 2022, y en términos del Producto Bruto Interno (PBI), disminuyó de 3.0% a 2.6% en el mismo periodo.
El Contralor enfatizó que, aunque hay una mejora significativa en la detección de casos de corrupción por parte de la Contraloría, la sanción es un proceso más lento. Afirmó que, el año pasado, la Contraloría imputó responsabilidades administrativas, civiles y penales a más de 8,700 funcionarios públicos, pero hasta septiembre de este año ninguno ha sido sancionado, ya que los procesos judiciales tienden a demorar considerablemente.
Shack concluyó recordando que la Contraloría es un eslabón en la cadena de lucha contra la corrupción, y aunque se observan mejoras en la labor de control, los efectos reales se verán reducidos sin una sanción efectiva por parte del sistema de justicia.
