El Congreso presentó la semana pasada un proyecto de ley, de autoría de la parlamentaria Katy Ugarte, el cual busca modificar un artículo de la ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor, para destinar al consumidor denunciante un 20% del total de la multa impuesta a una empresa.
El proyecto de ley (N° 5208/2022-CR) tiene por finalidad “establecer un incentivo al consumidor denunciante, de carácter bonificatorio y no indemnizatorio, del 20% del total de la multa contra el proveedor que establece Indecopi o cualquier otro organismo regulador”, señala la iniciativa legislativa.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se recuerda que si el consumidor no denuncia, no se origina ningún procedimiento administrativo sancionador y, por ende, el Estado no puede imponer el pago de una multa ni cobrarla. “En ese sentido, todo depende de la voluntad del consumidor de querer acudir o no a la vía administrativa, y tomar acción frente a su caso. Muchas personas evitan hacerlo por considerarlo una pérdida de tiempo o dinero, al no percibir un beneficio económico directo”, remarca.
Asimismo, agrega que “si una empresa que realiza prácticas anticompetitivas o que vulneran los derechos de los consumidores no es sancionada, no adoptarán las medidas correctivas para mejorar, sino más bien continuarán las conductas nocivas y las malas prácticas que atentan contra lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”.
El proyecto de ley ha ingresado a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, para un próximo debate y votación.
Cabe recordar que el anterior presidente del Indecopi, Julián Palacín, había anunciado una propuesta similar, pero que no llegó a concretarse con ninguna nueva normativa. “Sería importante sumarlo al Código, sería positivo que un porcentaje de la multa sea para el consumidor perjudicado. Los consumidores no reciben nada de esa multa; las asociaciones de consumidores reciben un porcentaje, pero lo interesante es que los ciudadanos también reciban”, había señalado Palacín cuando era la cabeza del Indecopi, durante una presentación realizada en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.
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Al respecto, el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, también se mostró de acuerdo con el reciente proyecto de ley presentado.
Refiere que trae consigo al menos tres beneficios. El primero, ser una manera concreta y razonable de reconocer y compensar al consumidor por el perjuicio sufrido que, en la actualidad, no existe.
Asimismo, incentiva a que los consumidores presenten denuncias ante el Indecopi, lo cual no hacen en la actualidad por los costos y la sensación de que no tienen nada que ganar. “Un ejemplo claro es el del consumidor que pagó una entrada de S/ 100 a un concierto. Es improbable que por un monto como ese se embarque en un litigio que puede tomar un año o más para que al final, si gana, el Indecopi ordene como medida correctiva que le reembolsen sus S/ 100 y que le devuelvan la tasa de S/ 36 que pagó para iniciar el proceso. Un panorama así desalienta a cualquiera”, subraya Cáceres.
Y en tercer lugar, la norma promovería que los proveedores se esmeren más en resolver los conflictos de consumo, sin tener que acudir al Indecopi. “Muy por el contrario, las empresas saben que es improbable que, por montos pequeños, el consumidor inicie un procedimiento administrativo, así que simplemente juegan a cansarlo”, apuntó Cáceres.
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No obstante, para la abogada Fiorella Zumaeta, socia en el estudio Miranda & Amado, se debe incentivar más la conciliación entre las partes, antes que las denuncias. “Es un proyecto peligroso, pues genera el riesgo de que el consumidor se niegue a conciliar y recargue al Indecopi de muchas denuncias innecesarias”, subrayó.
Asimismo, refiere que la norma es innecesaria, pues actualmente no existen trabas para que el consumidor presente una denuncia ante el Indecopi, pues el costo del procedimiento es bajo (S/ 36).
Por su parte Karina Quinde, líder del área de regulatorio y compliance del estudio Miguel Mur & Abogados, también se mostró contraria al proyecto, pues generaría una ola de reclamos ante el Indecopi.
“Si ahora vemos que tiene alta carga laboral, con una ley así afectaría la organización de Indecopi y los plazos de respuesta se retrasarían más. En todo caso, existiría la necesidad de que Indecopi pueda contar con más personal”, refirió.
Asimismo, Quinde recomendó a las empresas proveedoras reforzar sus procedimientos de atención de reclamos.
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