Con el objetivo de incorporar a la carrera pública magisterial a los docentes titulados que laboran en establecimientos penitenciarios, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen que modifica el artículo 1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
La propuesta reúne los proyectos de ley 5665/2023-CR, 6284/2023-CR, 9623/2024-CR, 11100/2024-CR, 11745/2023-CR y 13282/2025-CR. En primera votación obtuvo 80 votos a favor, 12 en contra y cuatro abstenciones. Posteriormente, fue exonerada de segunda votación.
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El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani, señaló que la iniciativa busca corregir una situación de desigualdad laboral y normativa que afecta desde hace años a los docentes penitenciarios.
El Pleno del Congreso aprobó incorporar a docentes de establecimientos penitenciarios a la carrera pública magisterial. Foto: Congreso.
“Realizan funciones pedagógicas, directivas y de especialidad equivalentes a las desarrolladas por los docentes del sistema educativo nacional. Sin embargo, permanecen excluidos de la carrera pública magisterial y de los beneficios e incentivos que esta reconoce”, sostuvo durante el debate.
La fórmula legal incorpora a los docentes de educación básica y técnico-productiva de los establecimientos penitenciarios y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro del alcance de la Ley de Reforma Magisterial.
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Además, la norma contempla cinco disposiciones complementarias finales. La primera establece que la implementación de la medida será financiada, durante el actual año fiscal, con cargo al presupuesto institucional del INPE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Para los siguientes años fiscales, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar los recursos necesarios en el marco de la programación multianual del presupuesto público.
