El Pleno del Congreso aprobó este 3 de diciembre la Resolución Legislativa 13461/2025-CR, con la que se autoriza iniciar causa penal contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
La decisión obtuvo 54 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, tras un debate centrado en la actuación del exfuncionario en los pagos efectuados por EsSalud a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C., proveedora de kits de detección rápida para la COVID-19.
El informe parlamentario sostiene que Adrianzén habría intervenido indebidamente para que EsSalud acelere el desembolso de S/ 41 millones 000 520, derivado de un laudo arbitral emitido en 2022. Según el expediente, el pago fue ejecutado el 10 de febrero de 2023 mediante tres comprobantes que suman dicho monto.
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La acusación se sustenta en las denuncias presentadas en 2023 por el congresista Juan Burgos y por la entonces fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, que atribuyeron al extitular del MTPE presuntas infracciones constitucionales y favorecimiento a la empresa.
Ambos expedientes fueron admitidos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 21 de noviembre de 2023, que abrió una investigación por infracción constitucional y por delito contra la administración pública. La Comisión Permanente otorgó un plazo de quince días hábiles para las indagaciones.
La resolución aprobada por el Congreso será remitida al Ministerio Público para las diligencias penales correspondientes. Foto: Andina.
En dicho proceso, Adrianzén presentó descargos, documentación y designó defensa. El congresista José Cueto asumió la delegatura y elaboró el informe con determinación de hechos y pertinencia de pruebas. Además, se realizaron audiencias públicas en marzo y abril de 2024 con la participación del denunciante, el Ministerio Público y el propio exministro.
Como parte de la actuación probatoria, funcionarios de EsSalud, entre ellos Aurelio Orellana y Publio Maldonado, confirmaron reuniones y comunicaciones con el exministro respecto al cumplimiento del laudo arbitral que ordenó el pago a la firma.
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El 7 de mayo de 2024, la Subcomisión aprobó por mayoría su informe final. Si bien recomendó archivar la infracción constitucional, planteó acusar a Adrianzén por el delito de negociación incompatible, al considerar que existían indicios suficientes de interés indebido en favorecer a Aionia Technology Corporation S.A.C.
La resolución aprobada por el Pleno permite ahora que el caso sea derivado al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
