En el discurso pronunciado luego de recibir las credenciales que la acreditan como Presidenta Constitucional de la República, Keiko Fujimori puso énfasis en sus críticas al Estado, señalando que “Durante mucho tiempo hemos convivido con un Estado que llega tarde, que responde lentamente o simplemente no llega a quienes más necesitan su presencia.”
En realidad, se puede decir que recoge el reclamo permanente y justificado de millones de peruanos, y que se trata de la reiteración de una crítica que se ha hecho en las miles de oportunidades que se ha tratado el tema de la gestión gubernamental en todos y cada uno de sus niveles, con diferentes denominaciones o membretes.
Dijo también Keiko Fujimori que su objetivo será construir un Estado que funcione, que proteja, que acompañe y que genere oportunidades; y anunció que instaurará una nueva forma de gestionar el Estado, donde cada ministerio tendrá objetivos concretos, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar, y cada ciudadano podrá evaluar los avances.
La promesa tampoco es nueva, aunque en esta oportunidad se pone énfasis en la búsqueda de la eficiencia y en la evaluación por resultados.
Siendo la crítica general acertada y la intención buena, las grandes interrogantes son: ¿cómo va a hacer para transformar el Estado, de paquidérmico a eficaz?, ¿se tratará de un Estado más fuerte y robusto o un Estado más pequeño y ágil?, ¿cuándo habla de Estado, a qué niveles se refiere?, ¿cuándo habla de ministerios, se refiere a los mismos que ahora tenemos o está pensando en fusionarlos para hacerlos más eficientes?
Una de las demandas que varias personas le han hecho públicamente a Keiko Fujimori ha sido la de la ya famosa reforma del Estado, con el claro mensaje de reducir el Estado, tanto en su estructura como en lo que se refiere a la carga económica, poniendo énfasis en la ineficiencia, en la enorme burocracia, y en el abultado presupuesto.
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Punto aparte para decir que no sabemos si esta demanda, y la promesa de Keiko Fujimori, incluye al Congreso de la República, que es parte del Estado, y cuyo presupuesto ha pasado de S/ 879 millones en el 2022 a un monto histórico superior a los S/ 1.768 millones para el año actual. ¿Se va a reducir la burocracia abultada en el Parlamento?, ¿se van a reducir las gollerías, bonos, celebraciones y bufets, viajes al exterior que no representan beneficio para el país, club de playa, gastos de representación, y otras cosas más?, ¿se van a eliminar los créditos suplementarios al Congreso para planillas y bonos?
Es muy fácil para los congresistas y ahora ex congresistas hablar de reforma del Estado y pedir menos burocracia y menos gastos en planillas en el Ejecutivo, pero nunca dicen nada del inmenso y creciente despilfarro en el Congreso.
Es muy fácil para los congresistas y ahora ex congresistas hablar de reforma del Estado y pedir menos burocracia y menos gastos en planillas en el Ejecutivo, pero nunca dicen nada del inmenso y creciente despilfarro en el Congreso. (Foto: Congreso)
Para reformar el Estado, como ya los hemos sostenido antes, hacen falta tres condiciones: planes claros y concretos, decisión sin compromisos políticos o de grupo, y gente capaz de ejecutar las acciones de manera profesional y honesta.
El comportamiento de la bancada fujimorista en el Congreso, sea promoviendo leyes o votando a favor de estas (lo cual no es poca cosa porque se trata de una adhesión al espíritu de estas) hasta estas últimas horas, ha ido, en la mayoría de los casos, en sentido contrario a lo que Keiko Fujimori señala ahora como Presidenta Constitucional.
Mucha de la carga presupuestal que tendrá el país en los próximos años, incluida la del Congreso, será responsabilidad de las leyes aprobadas últimamente en el Parlamento, y que han sido duramente criticadas por el Consejo Fiscal.
El crecimiento de la burocracia estatal fue “promovida” por acuerdos políticos en el Congreso que han posibilitado a algunos partidos políticos manejar varios ministerios o instituciones, poblándolos con militantes y recomendados. Y eso nuevamente incluye al Congreso. No es una práctica nueva, pero si ha sido muy notoria en los últimos años.
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La creación de universidades nacionales en cada región, la creación de distritos, los mayores aumentos presupuestales para pensiones, regiones y distritos, los enormes créditos suplementarios gestionados por los congresistas para determinadas regiones, y un sinfín de medidas que han hecho crecer los pasivos de nuestra economía, han salido del Congreso que felizmente ya se va.
Entonces las preguntas que caen de maduras son, para empezar a hacer eficiente al Estado: ¿Keiko Fujimori y su Gobierno va a buscar que se deroguen esas leyes o las va a enviar al TC para plantear su inconstitucionalidad?, ¿va a cambiar el comportamiento de la bancada fujimorista en el Congreso, teniendo a varios congresistas reelectos que aprobaron esas leyes?.
Aplicar una verdadera reforma del Estado implica, en la mayoría de los casos, si se quiere hacer las cosas bien y pensando solo en el país, “pisar muchos callos” y enfrentarse a varios sectores laborales, sociales y políticos. Y ahí surge otra pregunta: ¿quiere y puede el fujimorismo y Keiko Fujimori “romper huevos para hacer tortillas”?, ¿están dispuestos a enfrentarse a quien sea necesario para hacer una verdadera reforma del Estado, aunque ello conlleve un alto costo político?, ¿están dispuestos a hacer un “shock” como lo hizo Alberto Fujimori en 1990, aunque adaptado a los tiempos y a la problemática actual?
Ya nos dijo, a muy grandes rasgos, qué quiere hacer con el Estado. Ahora nos tiene que decir cómo y con quién.
Enrique Castillo es periodista.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
