Por Gonzalo Ruiz Diaz, economista asociado de Macroconsult
Un reciente estudio de Alderete (2022) aplicado a países de América Latina, encontró que un aumento en 1% en la penetración de la banda ancha móvil se traduce en un 0.23% de crecimiento del PBI mientras que, en el caso de la banda ancha fija, el impacto es de 0.31% [1]. Sin embargo, los beneficios de un aumento en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) no se limita exclusivamente a una mejora del crecimiento económico; sino que también contribuye a reducir los niveles de pobreza y desigualdad, al permitir igualar oportunidades entre ciudadanos, como lo demuestran estudios recientes (Zhang, 2025) [2].
En el caso del Perú, durante los últimos años, las políticas públicas han focalizado sus esfuerzos en el despliegue de redes e infraestructura, como un medio para difundir el acceso de la población a las TIC. El progreso ha sido notable. En la última década (2014-2024), se pasó de una tasa de penetración de internet móvil de 47.8% a 91.7% (personas) y de internet fijo de 21.6% a 38.7% (hogares).
Sin embargo, los indicadores comparativos sitúan al Perú ligeramente por debajo de otros países de la región. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), si bien en el 2024 un 82.0% de peruanos utilizaba internet, esta cifra es inferior a la alcanzada por Chile (94.5%), Uruguay (92.0%), Costa Rica (85.4%) o Brasil (84.5%). Entre las razones del retraso, se encuentra, sin duda, la aún insuficiente capacidad de atraer mayores inversiones en infraestructura en el sector, simplificando trámites y reduciendo barreras administrativas. El sector telecomunicaciones peruano invierte alrededor de USD 1 mil millones anuales, cifra que probablemente tendrá que crecer en los próximos años, con la flamante adjudicación de la banda de 3.5 Ghz y el despliegue de tecnologías 5G.
Sin embargo, una causa menos discutida y tratada del retraso registrado por el Perú, está relacionada con la necesidad de dirigir esfuerzos hacia la mejora de capacidades y habilidades digitales. Según Osiptel, en las zonas rurales aún persiste un 46% de personas que no utilizan internet. Cuando se les consulta por las razones de ello, un 32% responde que no sabe utilizar el servicio. Apenas un 5% señala que la razón de esto es que no existe internet en la zona. Un 7% aduce que el servicio resulta muy caro.
LEA TAMBIÉN: El millonario costo de la piratería online en Perú: Los riesgos de ver un partido “gratis”
Estos indicadores sugieren que las políticas públicas del sector TIC deben transitar desde un modelo basado exclusivamente en el concepto de “acceso” a otro basado en el de “uso”. Durante años, desde el Estado las regulaciones y leyes han asumido que bastaba el despliegue de infraestructura para que ello se traduzca casi automáticamente en un aprovechamiento pleno de las ventajas de la tecnología por parte de la ciudadanía. La realidad ha demostrado que esto no es cierto y que no es suficiente que las políticas se orienten exclusivamente a cerrar las brechas por el lado de la oferta. Pueden existir otras barreras al uso de la tecnología, relacionadas con la educación, la cultura, o derivadas de las condiciones económicas de determinados sectores de la población.
Pese a ello, las leyes y regulaciones peruanas todavía hablan de ‘acceso universal’ cuando en muchos países ese concepto ha sido largamente superado por el de ‘servicio universal’. No basta con llevar cobertura de servicio a la zona donde se encuentra el ciudadano sino asegurar la posibilidad del uso efectivo del servicio público.
El concepto de “conectividad significativa”, acuñado por UIT, a diferencia del concepto de acceso, está relacionado con seis atributos del servicio de internet: disponibilidad (que exista el servicio en la zona), calidad (que el servicio se preste en condiciones de conectividad razonable), asequibilidad (que el costo sea económicamente accesible para el usuario), dispositivos (acceso a los equipos TIC necesarios), seguridad y, sobre todo, el contar capacidades digitales.
Estos atributos están relacionados con factores de oferta pero también de demanda. Sin políticas de demanda dirigidas a mejorar las habilidades digitales, los esfuerzos que se persigan con políticas basadas exclusivamente en el desarrollo de la oferta serán infructuosos.
Esto exige no solo del trabajo aislado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la atracción de inversión para el despliegue de redes, sino de una intervención articulada con otros ministerios, en especial, el Ministerio de Educación, así como de actores del ecosistema digital comprometidos con el diseño y acompañamiento de políticas dirigidas a habilitar la demanda por estos servicios.
[1]Alderete, M. (2022) “The effect of broadband in Latin America: an approach based on a simultaneous equations model” Revista de la CEPAL N°138, Diciembre.
[2] Zhang, J. (2025) “Two digital divides and income inequality: a global perspective” Journal of Applied Economics 28, Issue 1.
