Únete al canal de GestiónEn mayo del 2023, mi columna en este mismo diario advirtió sobre los riesgos de las finanzas del Estado. Alerté sobre la caída de la recaudación desde 16.8% a alrededor de 15% del PBI y también sobre el crecimiento del déficit fiscal y sobre el riesgo del incumplimiento de la regla fiscal del déficit.
Lamentablemente, mis pronósticos no solo se cumplieron, sino que los resultados fueron aún peores a lo esperado. La recaudación disminuyó a 14.7% del PBI y el déficit fiscal según el Banco Central de Reserva ascendió a un monto equivalente a 2.8% del PBI, superando la regla fiscal de 2.4% del PBI. No solo preocupa el incumplimiento sino la tendencia, la cual es creciente desde mediados del 2022.
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Para este año 2024, las finanzas públicas enfrentan riesgos mayores. En primer lugar, salvo algún evento extraordinario, la recaudación no levantará cabeza y podría ser incluso menor que la alcanzada en el 2023. Esto se debe a los siguientes factores:
- La recesión iniciada a fines del 2022 y de la que aún no salimos ha afectado las utilidades y la liquidez de las empresas, por lo que la regularización del impuesto a la renta será menor y ello por método de cálculo arrastrará a los pagos a cuenta.
- Los precios de los commodities que importamos han continuado a la baja, lo cual ha favorecido a la reducción de la inflación, pero reducen la recaudación aduanera del impuesto general a las ventas que grava las importaciones.
- El Congreso ha continuado otorgando exoneraciones tributarias, las últimas corresponden a beneficios al sector textil, confecciones, agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Es muy probable que la fiesta de exoneraciones continúe durante el año.
- El fallo del Tribunal Constitucional sobre condonación de intereses ha dilatado los cálculos de la deuda tributaria e impide a la Sunat a cobrar deudas sobre las que ya había sentencias definitivas.
El rebote de la actividad económica que se empieza a avizorar ayudará en algo a mejorar la recaudación, pero un crecimiento del PBI de alrededor de 2% no será suficiente para contrarrestar los factores negativos reseñados.
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En segundo lugar, la Municipalidad de Lima se estaría sobreendeudando hasta por S/ 4,000 millones, comprometiendo por lo menos cinco gestiones futuras.
Al respecto, cabe señalar que, según el informe anual de reglas fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad de Lima (MML) tenía a diciembre del 2022 una deuda de S/ 1,393 millones, la cual equivalía a 121% de sus ingresos excediendo el límite de 100% que establece la regla fiscal para los gobiernos locales. Si la MML concreta la emisión de los S/ 4,000 millones –de hecho, ya emitió un primer tramo de S/1,205 millones–, su ratio deuda-ingresos subiría a más de 500%. Completamente irracional. El marco legal no ha establecido los candados adecuados para evitar este sobreendeudamiento.
En tercer lugar, Petroperú es un barril sin fondo. No ha podido pagar su deuda con el Tesoro Público del año 2022, tal como lo aseguró en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, por el contrario, ha solicitado más recursos, que el Tesoro no dará vía transferencias, pero si garantizará nuevos créditos. Hay una bola de nieve que tarde o temprano tendrá que asumir el fisco.
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Cabe señalar que la regla del déficit fiscal es cada año menor para converger a 1% del PBI en el año 2026. La cifra que corresponde al 2024 es 2.0% del PBI y reducirla desde 2.8% del PBI es una tarea más que retadora. Pero el MEF parece que volverá a cometer los errores de sobreestimación del año pasado. En agosto, en plena recesión, mantuvo el estimado de ingresos en 15.5% del PBI, cifra que ha mantenido para el 2024. Si continúa con esta sobreestimación, los gastos van a crecer por encima de lo que es recomendable.
Es claro que se necesita un ajuste fiscal, lo que ahora se denomina eufemísticamente una consolidación. El ajuste debe provenir tanto de un incremento de los ingresos como de un recorte de los gastos.
Por el lado de los ingresos, el MEF ha elevado el impuesto selectivo al consumo (ISC) a la cerveza, cigarrillos, tabaco, pisco y líquidos alcohólicos. En realidad, la modificación corresponde a la actualización por inflación de montos que no se modifican desde el 2022. Si las tasas se aplicaran sobre el valor de estos bienes, no sería necesario el reajuste, pero como los impuestos están en montos fijos la modificación solo busca mantener su valor en términos reales.
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A parte de esta medida tributaria, solo se encuentra el proyecto de ley enviado al Congreso para modificar los regímenes tributarios para las microempresas, que está en la dirección correcta pues elimina el régimen MYPE tributario que formalizó muy poco pero sí redujo la recaudación al inducir que 400,000 empresas formales redujeran su carga tributaria. En caso de ser aprobada por el Congreso, este cambio regiría a partir del 2025.
Con medidas tributarias insuficientes, el ajuste tendrá que venir por el lado del gasto público. De un lado, el gasto corriente ya está casi a niveles prepandemia. Se trata de gastos rígidos, difíciles de reducir. Más aún si el presupuesto del 2024 tiene un incremento significativo de la partida de remuneraciones de 15% frente al presupuesto de apertura 2023 y de 11% respecto a lo ejecutado en dicho año. Por tanto, el ajuste vendrá, como siempre ocurre, del lado de la inversión pública, lo cual comprometerá las proyecciones oficiales optimistas de crecimiento del PBI de 3% para este año. Lo más probable es que se incumpla la regla fiscal por segundo año consecutivo aumentando la posibilidad de que la economía peruana pierda el grado de inversión y posponiendo el ajuste para la próxima administración. Será un presente griego que recibirá el próximo Gobierno.
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