Escribe: Raquel Carrero, gerente general de la Asociación Peruana de Energías Renovables
El Gobierno tiene hoy la responsabilidad de reglamentar la Ley N.° 32249 (ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica), haciendo cumplir los objetivos que la motivan, pues, de no hacerlo, perpetuará reglas que restringen la competencia en el sector eléctrico y que, en la práctica, obligan a millones de hogares y a la industria a pagar tarifas más altas de las que corresponderían en un mercado más abierto y eficiente.
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Es importante recordar que la ley fue aprobada para corregir esas distorsiones; por lo tanto, postergar su aplicación significa prolongar un problema que afecta directamente a los usuarios, pese a que existen alternativas más eficientes y accesibles.
El Perú dispone de un potencial excepcional en recursos energéticos renovables; lo que falta son reglas que permitan traducir ese potencial en valor económico, bajo condiciones de competencia y mercado. (Foto: Celsia)
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La reglamentación resulta prioritaria por tratarse de un asunto de interés público y debe encontrarse aprobada antes de la convocatoria de los próximos procesos de licitación a cargo de las empresas distribuidoras para la compra de energía eléctrica destinada a millones de consumidores.
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No se trata de una modificación orientada exclusivamente a la atracción de inversiones, por importantes que estas sean, sino de una decisión que impactará directamente sobre el costo de la electricidad que asumirán los hogares durante la próxima década.
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Con un reglamento que establezca reglas claras y modernas para la compra de electricidad, el Perú puede promover cerca de US$ 20,000 millones en inversión privada en generación eléctrica renovable, con impacto positivo directo en el empleo, el desarrollo regional, la competitividad y el medio ambiente.
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Un reglamento que omita o contradiga las correcciones dispuestas por la Ley N.° 32249 no solo sería jurídicamente objetable, sino que además desincentivaría nuevas inversiones en las regiones; además, toda distorsión regulatoria y toda limitación a la competencia se trasladan, inevitablemente, al costo de la electricidad.
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El espíritu de la Ley es promover una mayor competencia y asegurar un uso más eficiente de los recursos energéticos del país. Para ello, dispone la implementación de licitaciones de energía por bloques horarios, de modo que cada tecnología compita allí donde ofrece su mejor desempeño y el menor costo. A la vez, los contratos de largo plazo que suscriban las distribuidoras deben cumplir el objetivo fundamental de promover la construcción de nueva generación eléctrica eficiente y de garantizar el abastecimiento futuro, en un contexto en el que hoy ya se advierten señales de una posible escasez.
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Las empresas del sector renovable tienen interés en continuar invirtiendo, en desarrollar nuevos proyectos y en abastecer con energía limpia tanto a millones de hogares como al sector productivo. Sin embargo, ello exige definiciones regulatorias claras y oportunas, pues la incertidumbre desincentiva la inversión y perjudica el desarrollo del país.
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El Perú dispone de un potencial excepcional en recursos energéticos renovables; lo que falta son reglas que permitan traducir ese potencial en valor económico, bajo condiciones de competencia y mercado.
