La deflagración en el ducto de Camisea interrumpió el suministro que sostiene el 40% de la generación eléctrica nacional. En el PBI, el impacto directo bordea los 0.5 p. p.; pero, al incorporar transporte, manufactura y servicios, la caída superaría el 1%. En inflación, la escasez de GNV obligó a sustituirlo por GLP y gasolina, presionando un indicador que ya marcaba 1.7% en enero y 2.2% en febrero. Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep), el traslado de costos alcanzaría al 60% de los bienes y servicios de Lima Metropolitana.
Frente a la crisis de Camisea, el Gobierno declaró emergencia energética, priorizó el abastecimiento doméstico y otorgó bonos a transportistas, sector hoy afectado por el encarecimiento del GNV debido a la falta del Gasoducto Sur y a una matriz energética poco diversificada.
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A este escenario se suma el fenómeno de El Niño costero (FEN) del 2026 que, según el IPE, podría restar 1.5 puntos al PBI, como en el 2017. La interrupción vial en Piura, Lambayeque y La Libertad encarece alimentos y contrae exportaciones agrícolas, deteriorando los términos de intercambio y reduciendo divisas, lo que presiona al sol. Además, la CCL estima pérdidas de S/ 291 millones diarios en regiones que concentran el 23% del producto nacional. Ambos choques revelan la misma fragilidad estructural: un país que no diversificó su matriz energética y que, pese a los FEN del 1998 y del 2017, vuelve a quedar expuesto.
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La economía peruana también enfrenta un shock externo. La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del comercio global de petróleo. Para el Perú, que en el 2024 importó US$ 3,900 millones en crudo según la Sunat, el encarecimiento no es abstracto: en una sola semana, el diésel subió 4.86% y el gasohol regular, 3%, según listas mayoristas de Petroperú y Repsol. Sobre el PBI, la desaceleración global que proyecta el conflicto contraería la demanda de socios clave como China y Estados Unidos, al reducir el volumen exportado. En el tipo de cambio, el efecto fue inmediato: el dólar pasó de S/ 3.35 a S/ 3.45 en pocos días, niveles no vistos desde septiembre del 2025. Son choques distintos con una lógica convergente: cada uno alimenta al siguiente y genera una presión inflacionaria que ninguno produciría por separado.
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Ante la magnitud de estos tres shocks, la respuesta del Estado ha sido reactiva y de corto alcance. Frente a la crisis de Camisea, el Gobierno declaró emergencia energética, priorizó el abastecimiento doméstico y otorgó bonos a transportistas, sector hoy afectado por el encarecimiento del GNV debido a la falta del Gasoducto Sur y a una matriz energética poco diversificada. En cuanto al FEN, declaró en emergencia más de 200 distritos, pero las cifras muestran otra realidad: en el 2025, el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades dejaron de ejecutar S/ 425 millones del programa de reducción de vulnerabilidad, con las alcaldías como los principales responsables. Para este 2026, el presupuesto preventivo regional cayó 34% respecto al 2025 y 53% frente al 2023. El patrón se repite: el Estado llega tarde, gasta menos y reconstruye lo mismo. La vulnerabilidad actual no es mala suerte, sino el costo acumulado de decisiones postergadas. Lo más preocupante no es la magnitud de los shocks, sino que el país los encara con las mismas debilidades estructurales.
Guillermo Boitano es director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.
