Escribe: Elena Conterno, especialista en políticas públicas.
El acceso a salud de calidad es un elemento fundamental para el bienestar de las familias peruanas. Coincido con diversos especialistas en que la mejor manera de lograr que todos los peruanos tengamos acceso a salud de calidad es velando por que las familias estén aseguradas, y que ello les permita optar por un proveedor público o privado, en que el pago es asumido por su asegurador.
Una buena noticia. En Perú, los peruanos tenemos acceso a un seguro que se debe hacer cargo de nuestra salud. A la fecha, más de 90% de los peruanos están afiliados al SIS o EsSalud y la mayor parte del 10% restante tiene seguro privado.
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Una mala noticia. Sin embargo, el SIS y EsSalud no actúan como seguro, sino que te obligan a atenderte con ellos mismos. Y entonces las familias no tienen opción, y tienen que conformarse con lo que los establecimientos de EsSalud o el sector salud les dan, así sea de mala calidad; o acudir con sus propios recursos a un establecimiento privado o directamente a la farmacia, a pesar de tener seguro. Al respecto, según cifras del INEI del 2022, dos de cada cuatro personas optan por acudir de manera directa a una farmacia para atenderse cuando se enferma; y de las dos restantes, una va a un establecimiento del sector salud (hospitales, postas), en que la mitad de las veces no recibe todas las medicinas recetadas luego de su atención.
Así, la mayoría de personas tiene que acudir a una farmacia privada a comprar con sus propios recursos las medicinas, a pesar de tener un seguro y a pesar de que, según cifras del IPE, el presupuesto público para medicinas se incrementó en 35% entre 2019 y 2024 y ya supera los S/ 1,000 millones anuales.
Es discutible que se exija tener medicamentos genéricos a las farmacias privadas; más discutible es que en fecha reciente se haya dictado un decreto de urgencia que multiplicó por diez el listado de medicamentos y que impone qué porcentaje de los mismos deben ser genéricos.
Es decir, en vez de solucionar el problema real de ineficiencia del aparato público de provisión de servicios de salud de calidad –y en particular de falta de medicamentos en las farmacias públicas–, se fuerza a empresarios (grandes pero también varios medianos y miles pequeños) a contar con un stock de medicinas de manera permanente, sin saber si alguien se las va a comprar. Cabe mencionar que a las farmacias privadas les interesa tener los medicamentos que sí requiere la gente, para lo cual no es necesario obligarlas a tenerlos. La nueva regulación lamentablemente solo traerá sobrecostos, mayor informalidad, menor oferta y multas arbitrarias.
Valga mencionar también que la desidia del sector salud implica que no sepamos si los medicamentos genéricos que se venden en el mercado (o compran las entidades públicas) tienen la misma eficacia que los medicamentos originales o innovadores. Solo luego de determinadas pruebas se puede determinar su bioequivalencia, pero en Perú, según la Digemid, los medicamentos que han demostrado intercambiabilidad son menos de 1%. ¿Qué piensa hacer el sector salud para el 99% restante?
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Lo que necesitamos es mejorar la salud pública. Empecemos por mejorar la provisión de medicinas por parte de los establecimientos públicos: EsSalud avanzó con el programa Farmacia Vecina, que permite que pacientes de Lima Metropolitana y Callao recojan sus medicamentos en farmacias y boticas cercanas a su domicilio; que EsSalud expanda este programa a nivel nacional y que el sector salud implemente algo similar para sus asegurados.
Y luego profundicemos en la separación del aseguramiento de la provisión de servicios tanto en EsSalud como en el sector salud, y permitamos que las familias puedan atenderse en cualquier establecimiento, ya sea público o privado.
Como señala criollamente el dicho, que el ministro de Salud “no le quite el poto a la jeringa”. Que asuma su responsabilidad y se centre en lograr un verdadero servicio de salud de calidad, en vez de distraer la atención imponiendo más obligaciones a las farmacias privadas. Y que el Congreso, que viene debatiendo diversos proyectos de ley relacionados, corrija lo dispuesto por el Poder Ejecutivo y no agrave la situación.
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