Ayer, el presidente José Jerí presentó los primeros resultados de la lucha contra la inseguridad ciudadana, que se comprometió a asumir cuando asumió el cargo, ungido por el Congreso tras la defenestración de Dina Boluarte. Algunas cifras mostradas –la data fue procesada por el INEI– sugieren mejoras, si se toma en consideración el cuarto trimestre del año pasado, pues Jerí asumió el 10 de octubre; aunque recién tuvo Gabinete cuatro días después.
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Respecto del cuarto trimestre del 2024 y a nivel nacional, las denuncias por extorsión ante la Policía se redujeron de 6,896 a 5,494, las de robo pasaron de 15,852 a 14,615, y las de secuestro, de 393 a 375. A simple vista, parece poco, pero en el primer caso, la disminución fue de 20.3% y en un periodo bastante corto. Cabría preguntarse si esos resultados son producto de las medidas implementadas por el Gobierno –estados de emergencia, requisas en penales, traslado de reos, más patrullajes de madrugada y mucho discurso oficial– o a que la población se ha desanimado a presentar denuncias por temor o porque considera que es perder el tiempo.
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El INEI también actualizó la data a nivel nacional de muertes violentas asociadas a hechos delictivos de los años 2022, 2023, 2024 y calculó un estimado para el 2025. La tasa de homicidios –fallecidos por cada 100,000 habitantes– siguió en aumento, tendencia que se inició el 2021. El 2024 fue 10.1 y el estimado del año pasado es 10.7. Pero hubo una reducción en el cuarto trimestre, respecto del mismo periodo del 2024 (de 2.6 a 2.5). La percepción de inseguridad también ha disminuido. Según la encuesta del observatorio Lima Cómo Vamos, realizada en diciembre del 2025, los residentes de la capital consideran que la inseguridad es, de lejos, el principal problema de la ciudad (75.2% de las menciones), aunque respecto del 2024, dicho porcentaje se redujo en cinco puntos porcentuales.
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Jerí precisó que el Gobierno contará con nuevas herramientas legales debido a la delegación de facultades legislativas otorgadas por el Congreso. Lo que genera suspicacias es que presentó las estadísticas en un momento en que su credibilidad está comprometida por sus reuniones clandestinas –que recuerdan a las de Pedro Castillo en la casa de Sarratea–. Jerí vinculó la difusión de los videos delatores a criminales presos afectados por los operativos y las requisas, aunque no ahondó en el asunto. Y la reacción de congresistas y de un grupo de candidatos a la presidencia que poseen bancada parlamentaria no tardó demasiado. Pareciera que prefieren un reemplazo menos proactivo.
