Esta semana fue publicado en redes un memorando interno del Archivo General de la Nación –organismo adscrito al Ministerio de Cultura– que confirmaba que seguirían vigentes los planes para mudar los archivos históricos a la nueva sede designada en el Callao. Ello como consecuencia del conflicto que desde hace años mantiene el mencionado ministerio con el Poder Judicial, producto del cual se ha determinado que el Archivo General de la Nación debe mudar todos sus bienes a la nueva sede, pues la actual está entre el primer piso y el sótano del Palacio de Justicia, del Poder Judicial.
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El problema con lo anterior no es solo que nuestro Estado esté demostrando con esto no ser capaz de coordinar situaciones tan simples como el uso de una sede pública de forma más institucional, sin tener que acudir a un juicio. Lo más grave de todo es que la Contraloría ya ha advertido que la nueva sede designada para el Archivo General de la Nación no sería apta para el cuidado adecuado de los documentos históricos que se atesoran, debido a la humedad de la zona y a su cercanía a fábricas con materiales inflamables.
No se trata de documentos poco relevantes, claro está. Entre el material que ya estaría en riego, se encuentran millones de archivos tan valiosos como documentos notariales firmados por Francisco Pizarro, otros con la rúbrica de Túpac Amaru II, libros de cuentas sobre la construcción de Real Felipe y muchos más.
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Inicialmente, en el 2014, el Poder Judicial le había dado tres años de plazo al Ministerio de Cultura para que encuentre un nuevo lugar idóneo para las instalaciones del Archivo. Sin embargo, hasta la fecha ello no ha ocurrido, por lo cual se definió el mencionado almacén en el Callao como un depósito. En mayo, la exministra Leslie Urteaga y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, incluso acordaron un cronograma de traslado de los documentos. Desde entonces, nadie parece haberse preocupado por lo advertido por la Contraloría.
Como resulta evidente, se trata de un caso lamentable y preocupante que debería ya haber despertado más alertas de las que se han escuchado hasta ahora. Sin embargo, lo cierto es que es difícil sorprenderse de notar actitudes tan irresponsables en un sector que, desde que inició el pleito en el 2014, ha tenido cerca de 20 ministros distintos. Y con ello, una altísima rotación de cargos medios que también explican por qué los sitios arqueológicos alrededor del país –que debería proteger el Mincul– se encuentran tan descuidados.
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A veces los temas urgentes de la agenda política y económica no dejan tiempo para preocuparse por asuntos como este. Pero si no le prestamos la atención que merece pronto, es probable que tarde o temprano nos arrepintamos.
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