El Congreso de la República propició, nuevamente, condiciones para que la minería ilegal, el principal problema del país según el 62% de peruanos (de acuerdo con cifras de Confiep), siga operando a sus anchas. Con la reciente derogación de la disposición de un decreto legislativo que aceleraba los plazos para la formalización, el Parlamento ha extendido la permanencia de quienes lucran de una actividad que, además de impactar el medio ambiente, genera una espiral de violencia que afecta a muchas personas vulnerables.
Dicho decreto, aprobado en diciembre del 2023, establecía que los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) contaban con un plazo límite hasta el 20 de marzo para presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) un contrato de explotación o de cesión, sobre el área que operan, suscrito con el titular de la concesión minera que tenga autorización para realizar actividades de exploración o explotación. Con ello, habrían quedado fuera del registro los ilegales.
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No es un secreto que en la actualidad hay mineros ilegales inscritos en el Reinfo que, bajo el manto de legalidad que les confiere estar en una especie de limbo, continúan lucrando sin ninguna repercusión en su contra. Según hemos reportado (Gestión 08.01.24), a noviembre del 2023, el monto estimado atribuible a la minería ilegal fue de US$ 805 millones. Es decir, dio un salto siete veces mayor al identificado el año anterior. Así, algunos meses más podrían representar varios millones extra para esta actividad ilícita y una continuación de las nefastas consecuencias que la acompañan.
De haberse mantenido los plazos previstos, se habría afectado a mineros artesanales que podrían haber estado en proceso de obtener la documentación necesaria para presentar al Minem. Eso es cierto. Pero si no lo han conseguido hasta ahora, pese a las repetidas prórrogas, ¿es factible que sí tengan los papeles en regla en diciembre, que es cuando el registro, en principio, dejará de estar vigente?
Las controversias alrededor del Reinfo solo evidencian su fracaso como mecanismo para la formalización. Pese a ello, existe el riesgo de que, llegado fin de año, pueda ampliarse su vigencia (ver página 12). Todo indica que está en proceso de elaboración un nuevo proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal. Esperemos que con dicha iniciativa puedan implementarse mecanismos suficientes a nivel administrativo, de rectoría del proceso y de apoyo a los verdaderos mineros artesanales como para darle una solución a una actividad (la minería ilegal) que no deja de desangrar al país.
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