La minería informal está asociada, en promedio, con un aumento de S/ 14 en el gasto per cápita mensual de los hogares en zonas con presencia significativa de dicha actividad. En contraste, la minería formal genera un incremento del gasto per cápita mensual de S/ 90. En ambos casos, la comparación es respecto del consumo de hogares en áreas próximas, pero no colindantes, a operaciones mineras. Esos resultados forman parte de un estudio elaborado por el BCR y publicado en su reciente Reporte de Inflación, que confirma que el sector formal es superior al informal para dinamizar las economías locales.
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La diferencia entre ambos niveles de gasto indica que la minería formal genera un efecto multiplicador sobre el consumo local –y sobre el bienestar material– que es 6.4 veces mayor al impacto estimado de la minería informal. El análisis utiliza los datos de gasto total y en alimentos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), que realiza el INEI. Para la minería informal, tomó en cuenta las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a julio del 2025, en 113 distritos con alta intensidad de minería informal, en los cuales habitan 30,500 hogares.
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El estudio no la identifica como “ilegal”, quizás porque basa su análisis en las inscripciones en el Reinfo, pero sí menciona las externalidades negativas, como la elusión tributaria, la vulneración de normas ambientales y la precariedad laboral. Si bien el estudio señala que la minería informal genera encadenamientos productivos –y un aumento en el gasto de los hogares–, precisa que es intensiva en mano de obra de baja calificación y tiene niveles reducidos de productividad marginal.
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Para la minería formal, el estudio se focaliza en tres grandes operaciones: Yanacocha (Cajamarca), Boroo Misquichilca (La Libertad) y Barrick Perú (Áncash), y la medición del gasto de los hogares abarca las provincias donde dichas mineras tienen presencia, comparado con distritos no colindantes. Suena un poco complicado, pero ese es el modo de poner en práctica la teoría económica. Lamentablemente, eso no ocurre en el Congreso, cuyos análisis costo-beneficio provocan vergüenza ajena, sobre todo cuando se trata de proyectos de ley en materia económica.
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Habría que suponer que priman otros criterios, y no los técnicos, los que han dado lugar a leyes como la enésima postergación del Reinfo (hasta el 31 de diciembre de este año), o el proyecto de ley que reduce plazos y eleva multas para las concesiones mineras, lo que desincentivaría la formalización.
