La crisis política se trasladó al proceso electoral. No es la primera vez que en unos comicios surgen retrasos en la apertura de mesas de votación y entrega de material electoral, pero esta vez no ocurrió en lugares alejados del Perú sino en Lima –donde supuestamente existen condiciones logísticas adecuadas–, así que el hecho ocupó las primeras planas. El domingo, en algunos distritos capitalinos, los votantes tuvieron que esperar durante horas (muchos desistieron) y en 13 locales se tuvo que posponer la votación para el lunes porque el material simplemente no llegó.
LEA TAMBIÉN: Inversión con cautela por segunda vuelta: mercado ya diferencia riesgos según el candidato
La actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los comicios, tendrá que ser materia de investigación en la Fiscalía de la Nación. El hecho de que la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya denunciado penalmente a Piero Corvertto, jefe de la ONPE, refleja lo delicado de la situación. Además, aunque la ley prohíbe la difusión de encuestas la semana previa a las elecciones, las encuestadoras siguieron trabajando y es de suponer que las autoridades electorales tuvieron acceso a la información, de modo que habrían estado enteradas de lo ajustado de la intención de voto. Por tanto, era necesario asegurarse que en el sufragio no surgiesen los problemas serios que lastimosamente surgieron.
La actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los comicios, tendrá que ser materia de investigación en la Fiscalía de la Nación.
LEA TAMBIÉN: Educación en Perú: presupuesto crece, pero 12 ministros desde 2021 frenan los resultados
A fin de eliminar todo riesgo de que vuelvan a ocurrir en la segunda vuelta, se tiene que destituir a Corvetto, como ya lo han recomendado especialistas e instituciones de la sociedad civil, incluidos gremios empresariales. La reacción de los tres candidatos presidenciales empatados en el segundo lugar ha coincidido en las críticas a la actuación de la ONPE, pero se ha diferenciado marcadamente en el tono. Desde la mesura de Roberto Sánchez y Jorge Nieto, hasta la habitual desmesura de Rafael López Aliaga, incluyendo calificativos de fraude (sin presentar pruebas) y un llamado a la insurgencia (condicionada al resultado de la primera vuelta) que le ha hecho acreedor a denuncias penales por el delito de perturbación o impedimento de proceso electoral, contemplado en el Artículo 354 del Código Penal. Si existen dudas acerca del proceso electoral, existen vías legales para canalizarlas.
LEA TAMBIÉN: Pluspetrol y su inversión de US$ 100 millones en el Lote 56 en Cusco: ¿qué planea ejecutar?
¿Cómo nos ven afuera? A juzgar por la cobertura de influyentes medios occidentales, el proceso electoral peruano es visto como el “dato curioso”; con sus 35 candidatos y ocho presidentes en diez años. Es que los comicios coincidieron con los de Hungría, país miembro de la Unión Europea, OTAN y OCDE, cuyos electores pusieron fin a 16 años de autocracia.
