Quien asuma la presidencia de la República, el 28 de julio, tendrá que vérselas con la complicada situación de las finanzas públicas del país. Pero como bien ha señalado a este diario (Gestión 04/05/2026) el presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, no será una “herencia” ajena de responsabilidad. Es que los tres candidatos presidenciales que encabezan el conteo de votos cuentan con bancadas en el Congreso que figuran entre las responsables, pues han aprobado leyes que elevan el gasto público corriente, otorgando más beneficios remunerativos a servidores públicos en sectores como defensa, seguridad, educación y salud, entre otros. Eso es “gasto rígido”, llamado así porque es casi imposible recortarlo.
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Encima, también respaldaron leyes que promueven la informalidad económica, y hasta actividades ilícitas, lo cual tiene un efecto negativo sobre la recaudación tributaria. O sea que esos congresistas –muchos de ellos permanecerán en el Legislativo, como senadores o diputados– no solo han comprometido el gasto público sino que, además, han atacado la recaudación potencial. Así que el populismo que primó en la campaña electoral se quedará en promesas, porque simplemente no habrá fondos públicos para financiar lo que dichos candidatos ofrecieron, sobre todo en obras de infraestructura.
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La inquietud del CF, cuyas advertencias de riesgo fiscal tienen larga data, parece haber encontrado eco en el MEF, pues ha admitido, por fin, que las finanzas públicas atraviesan un momento de mayor vulnerabilidad. Fue en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 (IAPM), que publicó el 29 de abril. “El CF valora que el MEF reconozca la complejidad de la situación fiscal (…) y advierta sobre los principales retos macrofiscales que enfrentará” el próximo Gobierno. En suma, quien gane la presidencia tendrá la responsabilidad de contener los impulsos populistas del Congreso, ya sea impulsando un debate serio y técnico (no tenemos muchas esperanzas) o usando las herramientas que la Constitución contempla, como observación de autógrafas e interposición de acciones de inconstitucionalidad.
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Nuestro temor es que se opte por medidas que empeoren la situación, como mayor endeudamiento, vía la emisión de bonos, aunque esa alternativa tiene límites y, lógicamente, deberá ser pagado con dinero de los contribuyentes. Otra, que ya se está aplicando, es la reducción de la inversión pública para financiar el gasto rígido. Y ya se comenzó a hacer lo mismo con el gasto social. Los recortes de presupuesto al programa Beca 18 son la primera muestra.
