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El BCR tiene como mandato constitucional preservar la estabilidad monetaria y el pilar fundamental de esta tarea es la estabilidad de precios. Para lograrlo, aplica herramientas como la determinación de su tasa de interés de referencia, cuya finalidad es mantener ancladas las expectativas inflacionarias. La Constitución no le asigna la obligación de reactivar la economía.
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Una inflación elevada es sumamente perjudicial, pues genera incertidumbre, altera planes de gasto, reduce los ingresos reales y afecta con mayor intensidad a los más pobres. A fin de evitar una espiral inflacionaria, el BCR elevó gradualmente su tasa desde agosto del 2021 hasta enero del 2023 (llegó a 7.75% anual). En setiembre, dado que la inflación ya no aumentaba demasiado, por factores como la recesión, que ha deprimido el consumo, y la normalización del clima, comenzó a reducirla, y este mes la fijó en 5.75%.
No es la primera vez que el MEF pretende pasarle “de taquito” la responsabilidad de estimular la economía al BCR. En octubre, el entonces viceministro de Economía, Juan Pichihua, dijo que “una alta tasa de interés, obviamente, no es un incentivo para la reactivación”. Su jefe era Alex Contreras, quien al parecer optó por no contradecir la Constitución, cosa que sí ha hecho su sucesor, José Arista, quien ha pedido al BCR, ser “más proactivo en reducir la tasa de interés real, que es bastante alta. Esto no ayuda a reactivar la economía con la velocidad con la que nosotros quisiéramos”.
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Si la tasa del BCR es bastante alta, o si demoró en bajarla, es cuestión de algún análisis que tome en cuenta la prudencia de la política monetaria. Pero lo que sí está claro es que la inestabilidad política es uno de los principales factores del pobre desempeño de la economía nacional. Y el cuestionable papel del Gobierno, que accede a los despropósitos del Congreso casi sin chistar, es gran parte del problema.
La rebaja de la tasa de interés del BCR ya estaba teniendo impacto en las del sistema financiero, pues se estaban reduciendo. Pero esa incipiente tendencia podría estancarse ante la reducción de la calificación crediticia del Perú efectuada por S&P Global Ratings, el 25 de abril, que días después extendió a seis instituciones financieras. Eso implicará el encarecimiento de su fondeo del exterior y, por ende, créditos más onerosos en el país. La causa del menor rating es, justamente, la incertidumbre política, que limita la capacidad del Gobierno para implementar políticas que impulsen la economía. O sea, la pelota está en la cancha del MEF.
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