Durante el presente periodo presidencial, iniciado el 2021 con Pedro Castillo (luego vinieron tres mandatarios más), el Seguro Social de Salud (Essalud) ha tenido diez presidentes ejecutivos –dos por año, en promedio–. Esta alarmante inestabilidad es una de las causas de la crisis permanente que atraviesa esta institución, que atiende a alrededor de 12 millones de afiliados y sus familiares dependientes. Pero la causa mayor es que se ha convertido en una herramienta de transacción política, que junto con el Ministerio de Salud (Minsa), forma parte de los “cupos” que los gobiernos de turno han ofrecido para apaciguar a los partidos políticos que, desde el Congreso, los han apoyado.
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Lo que menos ha importado es la calidad del servicio que Essalud presta, tanto en atención a los pacientes como en logística (medicinas y equipos médicos); hay que esperar meses para obtener una cita y rogar que haya medicamentos o que aparatos para exámenes clínicos no se hayan malogrado. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI, ocho de cada diez asegurados evita acudir a Essalud y optan por asumir la enfermedad (39.9%), se automedican (21.3%) o buscan otras formas de atención (14.9%). El grueso de afiliados son trabajadores del sector formal –Essalud se financia con un porcentaje de las remuneraciones–, y al no recibir una atención médica adecuada, su productividad se ve mermada.
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A fines del año pasado, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, exigió transparencia y mejores servicios para los trabajadores y sus familias. “Cada día que pasa sin atención oportuna significa una vida en riesgo. Hay pacientes que mueren esperando una cita y eso no puede seguir ocurriendo”, alertó. Según datos de la Confiep, las empresas formales aportan el 72% de los ingresos de Essalud. Lo irónico es que sí existen experiencias que combinan calidad de la atención con infraestructura adecuada: dos contratos de asociación público-privada (APP), promovidos por ProInversión, para la construcción y administración de sendos hospitales en el Callao y Villa María del Triunfo. Otro contrato, también del 2010, para la modernización de la Torre Trecca (Jesús María) por US$ 135 millones, por fin podría hacerse realidad.
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¿Por qué no se replican estos casos, si los resultados han sido satisfactorios? Quizás porque reducen el riesgo de corrupción o de injerencia política, y obstaculizan el enquistamiento de “argollas”. Las múltiples investigaciones que la Contraloría tiene abiertas en Essalud hablan de una profunda crisis institucional. Y quienes salen perdiendo son los afiliados.
