REGIONES. El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó su Índice de Competitividad Regional (Incore) de este año. Hubo una ligera mejora en el promedio nacional: 5.5 puntos frente a 5.3 del Incore 2025. Pero dado que la escala es hasta 10, se podría concluir que el Perú sigue siendo un país poco competitivo, además que se mantiene la marcada diferencia de puntajes entre los cinco primeros del ranking, que muestran niveles aceptables, y los 20 restantes. El Incore mide 42 indicadores socioeconómicos agrupados en seis pilares: entorno económico, laboral, infraestructura, salud e instituciones. En nuestra edición del miércoles pasado publicamos un amplio resumen del índice.
El Incore 2026 adquiere mayor relevancia debido a que dentro de dos semanas asumirá un nuevo Gobierno, cuyas candidaturas presidenciales y congresales recibieron escaso apoyo relativo en el interior del país, de modo que necesita estar adecuadamente informado de los lastres que enfrentan los departamentos y entender que, en muchos casos, las promesas de campaña electoral no calzan con los problemas de la población. Por ejemplo, la incidencia del embarazo adolescente en la selva no se aborda con millones de soles en obras. La presidenta electa, Keiko Fujimori, ya se reunió con las autoridades de Puno, pero tendría que hacer lo mismo con las del resto de departamentos.
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En octubre habrá elecciones para elegir gobiernos regionales y municipales, y el Incore 2026 plantea seis recomendaciones para orientar el debate de esos comicios. La primera es generar condiciones para la inversión privada, pues se traducen en mayor competitividad y menor pobreza. La prueba es Apurímac: desde el inicio de operaciones de la minería formal de gran escala, el 2016, su PBI ha crecido 12.3% promedio anual (frente al 2.3% nacional) y su pobreza monetaria bajó de 38.2% a 20.9%. En el Incore 2019, Apurímac ocupaba el puesto 20 (3.4 puntos); ahora se ubica en el 12 (5.4 puntos).
“Se necesita generar condiciones para la inversión privada, pues se traducen en mayor competitividad y menor pobreza”.(Foto: GEC)
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Las recomendaciones también incluyen el uso de esquemas de inversión público-privada (APP) para cerrar brechas de infraestructura; mejorar la capacidad instalada y las acciones de prevención en salud; reforzar el aprendizaje y mejorar la infraestructura educativa y el desempeño docente; ejecución eficiente y transparente del presupuesto y reducción trámites; y poner énfasis en prevención, control territorial y respuesta oportuna en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La competitividad no surge de milagro. Ya no se puede perder más tiempo.
