Riesgo grave. La tragedia aérea ocurrida en Nasca el 1 de agosto corre el riesgo de pasar al olvido, tal como ocurrió con las anteriores. Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló e incendió, y sus 13 ocupantes fallecieron: siete turistas italianos, dos alemanes, dos españoles, así como el piloto y la copilota, ambos peruanos. Llamó la atención el desorden para comunicar las acciones que tomaría el Gobierno, debido a la falta de coordinación entre los titulares del Mincetur, Rogers Valencia, y del MTC, Rafael Rey. El primero viajó a Nasca al día siguiente del accidente y declaró que no sería necesario suspender las operaciones de la aerolínea porque tenía “todos los permisos”.
También habló de plazos para las investigaciones, hasta un mes para tener un informe final y una semana para uno preliminar –ya han pasado diez días–. El 3 de agosto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspendió a Aerodiana, mientras duren las investigaciones. Dicha agencia, adscrita al MTC, es la encargada de otorgar licencias para sobrevolar las Líneas de Nasca y vigilar el cumplimiento de los protocolos aplicados a esos vuelos. La descoordinación entre Valencia y Rey no podría calificarse como “error de principiante” porque si bien el Gobierno de Keiko Fujimori estaba recién estrenado, ambos ya han sido ministros (con Martín Vizcarra y Alan García, respectivamente).
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Las precipitaciones a tierra de avionetas en Nasca son recurrentes, pero tras el revuelo de los primeros días, dejan de concitar interés, especialmente de las autoridades. Quizás la repercusión mediática del ocurrido este mes, sobre todo en la prensa italiana, ejerza presión sobre el Gobierno, pues ha surgido un riesgo bastante grave: que turistas extranjeros retiren a las Líneas de Nasca de su lista de destinos peruanos, o peor que eso, opten por otros países. El Perú ya tiene un serio problema de imagen internacional por culpa de la inseguridad ciudadana –tanto Estados Unidos como la Unión Europea recomiendan a sus ciudadanos tomar precauciones si deciden venir–, así que sería muy dañino sumar una imagen de precariedad en uno de sus mayores atractivos.
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Más allá de la inseguridad causada por la delincuencia, existen problemas de seguridad en otras áreas. Es el caso de la salud. Si algún turista sufre alguna emergencia fuera de Lima, aunque tenga seguro médico, no recibirá la misma atención que en la capital, sobre todo si su única opción es un establecimiento del Minsa o Essalud. Hasta el ferrocarril a Machu Picchu se ha vuelto inseguro, ya que es tomado constantemente por manifestantes.
