La inseguridad ciudadana exige mucho más que operativos policiales y declaraciones de emergencia. El Gobierno de Keiko Fujimori estaría preparando una reforma de la Policía Nacional que contempla ocho ejes, entre ellos la depuración de efectivos involucrados en delitos, cambios en el régimen de ascensos, mejoras en la formación y el fortalecimiento de la investigación criminal. Son medidas que abordan problemas importantes de una institución cuya capacidad de respuesta resulta decisiva para enfrentar al crimen organizado.
Uno de los cambios anunciados, indica El Comercio, es la reducción de las escuelas policiales de 18 a 10 durante el 2027. La medida podría contribuir a concentrar recursos y elevar los estándares de enseñanza, pero su éxito dependerá de filtros de ingreso rigurosos y evaluaciones constantes. El objetivo debe ser formar policías más preparados y menos vulnerables a la infiltración de organizaciones criminales.
Igualmente importante es la propuesta de separar a efectivos implicados en actividades delictivas y modificar los criterios de ascenso. La integridad y el desempeño profesional deben tener un peso determinante en la carrera policial. Sin embargo, cualquier mecanismo de depuración requiere procedimientos transparentes, controles independientes y respeto al debido proceso. Una reforma que pretenda fortalecer la legalidad no puede prescindir de ella.
El desafío también es presupuestal. Como informó Gestión, el sector Interior proyecta recibir S/ 14,270 millones en el 2027, frente a S/ 10,881 millones en el 2022. Sin embargo, el propio ministro César Astudillo reconoció que buena parte de los incrementos anteriores se destinó a planillas y pensiones. Para el próximo año se contemplan 30 inversiones por S/ 291 millones, destinadas, entre otros fines, a comisarías, escuelas y unidades especializadas. La pregunta es cuánto de ese esfuerzo permitirá ejecutar efectivamente la reforma.
El Gobierno debe precisar sus costos, responsables, plazos e indicadores de cumplimiento. También explicar cómo se traducirán las inversiones en una mayor capacidad para investigar delitos y desarticular organizaciones criminales. Comprar equipos o reorganizar dependencias no constituye, por sí mismo, una transformación institucional.
La reforma policial no puede convertirse en otro anuncio cuyos resultados sean imposibles de verificar. Su éxito deberá medirse por la calidad de los efectivos, la integridad de la institución y su capacidad para proteger a los ciudadanos. El país necesita una Policía que funcione mejor, no solamente una que cueste más.

