El Congreso no deja de aprobar proyectos de ley que incentivan y premian la informalidad e ilegalidad económica. Esta semana, el turno fue para la actividad favorita de los legisladores –la minería informal e ilegal–, y la anterior, la beneficiada fue la agricultura informal e ilegal, específicamente la que opera en un gran proyecto de irrigación. En el primer caso, tal como informamos en nuestra edición de ayer (ver “Destaque”), se trata de un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Legislativo, cuyo dictamen recopila los textos de doce predictámenes favorables ya que coinciden en elevar los pagos por derechos de vigencia de concesiones y reducir los plazos para su caducidad cuando se encuentran “ociosas”.
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El dictamen está listo para su “debate” en el pleno del Congreso. A juzgar por los engorrosos procedimientos que establece, como plazos más cortos y escalonados, tarifas que aumentan gradualmente –con un trato diferenciado y menos costoso para mineros pequeños y artesanales–, analistas consultados por Gestión alertan que la consecuencia será el aumento de la minería informal e ilegal. Por ejemplo, se reduce de 30 a 15 años el plazo para poner en operación proyectos mineros, lo que refleja falta de conocimiento de los legisladores respecto de los tiempos que la inversión minera necesita, que superan largamente el plazo reducido fijado en el dictamen.
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Los congresistas pretenden modificar con una ley el modo en que se desarrollan las etapas previas a la puesta en operación de proyectos mineros. Ese desconocimiento se refleja en la escasa prolijidad de su análisis costo-beneficio y en la “legislación comparada” con los marcos legales en Australia, Canadá y Colombia, pero que omite lo principal: los plazos y costos de las concesiones. El otro despropósito del dictamen es la inclusión de las comunidades, mediante participación accionaria, en las empresas mineras. Es que las que están en operación ya realizan inversiones de carácter social en sus zonas de influencia, aparte de que existen los recursos del canon, cuya gestión es responsabilidad de los municipios distritales y provinciales, y de los gobiernos regionales.
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En cuanto al proyecto de irrigación afectado –Chinecas, en Áncash–, el proyecto de ley aprobado por el pleno en primera votación, la semana pasada, dispone la venta o adjudicación de tierras a quienes las invadieron años atrás. La palabra clave es “adjudicación”, es decir, se les entregarán de forma gratuita tierras que ocupan ilegalmente. El Congreso premia a quienes no respetan la legalidad.
