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Por Pilar Olivo y Natalia Manso
El 11 de abril y 6 de junio del 2021 serán días claves para nuestro país, porque se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta, respectivamente. Sin embargo, en medio de una pandemia y con miras al Bicentenario de nuestra independencia, muchas problemáticas han sido enviadas a segundo plano por la mayoría de los partidos políticos.
A casi 70 días de las elecciones, 20 partidos políticos presentaron sus planes de Gobierno, que pueden encontrarse en el siguiente enlace habilitado por la Asociación Civil Transparencia. Entre propuestas y metas al 2026, combatir las diversas problemáticas que afrontan las mujeres en este país debe ser una prioridad de la próxima gestión.
En una primera revisión de los 20 planes de gobiernos presentados por los partidos políticos, dos de ellos no mencionan en lo absoluto la palabra “mujeres” o alguna similar, y en uno se menciona una sola vez (dentro de un plan de gobierno de 38 páginas), y no precisamente para hablar de las brechas de género.
Según Natalia Manso, profesora de la Pacifico Business School, incluir específicamente los problemas de las mujeres en los programas de gobierno no es una cuestión ideológica sino de derechos humanos, que por ser innatos y universales, no deberían ser cuestionados. Negar la existencia de desigualdad, dicriminación y violencia derivadas de la condición de ser mujer, es negar copiosos estudios y datos objetivos que muestran lo contrario.
“Políticamente se hace inexcusable abordar la búsqueda de soluciones sobre vulneraciones de derechos que potencialmente afectan a más de la mitad de la población. Sería una irresponsabilidad esconder la cabeza bajo la tierra cual avestruz ante brechas sociales tan básicas como la educación, la adecuada atención a la maternidad, la equidad salarial y vidas libres de violencia, acoso y hostigamiento -tanto en los espacios públicos como privados- sobre un volumen de población tan numeroso”, señala Manso.
En el 2020, la Defensoría del Pueblo, señaló que se registraron 132 feminicidios, 204 tentativas, de las cuales 110 se perpetraron en el estado de emergencia y 37 durante la inmovilización social obligatoria a nivel nacional. La pandemia y la cuarentena total que se vivió en el Perú el año pasado acentuó la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia, donde se vieron obligadas a convivir con su agresor.
La pandemia está golpeando a las poblaciones más vulnerables, desde el aspecto económico hasta en sus relaciones interpersonales. En un artículo de António Guterres, secretario general de la ONU, señala que “la amenaza que plantea el COVID-19 para los derechos y libertades de las mujeres va mucho más allá de la violencia física. Es probable que la profunda recesión económica que acompañe a la pandemia tenga un rostro claramente femenino”.
Entonces es momento de preguntarse, ¿Cuántos partidos políticos tienen un apartado de género en sus planes de gobierno? ¿Cuántos tienes las metas claras al 2026, tomando como contexto la pandemia que vivimos? ¿Por qué es igual de importante atender los problemas más allá de la violencia de género?
La consultora “Murgibe, igualdad de oportunidades”, publicó el informe “¿Cómo planificar un proyecto desde la perspectiva de género?” y responde la pregunta sobre el mainstreaming (o transversalización) de género en los procesos políticos.
Algunas de sus recomendaciones sobre la importancia del mainstreaming de género son:
- Sitúa a las personas en el núcleo de la toma de decisiones políticas, en la medida que subraya la necesidad de fundamentar y evaluar cualquier política aislada según su impacto sobre la situación concreta de las mujeres y los hombres.
- Pone en la agenda política facetas muy cruciales de la vida de las mujeres y de los hombres, que resultan sustantivas para la construcción de una auténtica “democracia de género”.
- Conduce a un mejor gobierno, en la medida en que se dispone de mejor información para tomar las decisiones políticas. El mainstreaming de género visibiliza los postulados subyacentes en el análisis de la realidad y logra una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones.
- Involucra tanto a mujeres como a hombres, hace pleno uso de los recursos humanos, de la experiencia, habilidades y sabidurías de unas y otros, y reconoce la responsabilidad compartida de ambos en la eliminación de desequilibrios existentes en la sociedad.
- Hace visible la problemática de la desigualdad de género en la cultura dominante de la sociedad, presentando la inequidad de género como un problema social importante con implicaciones para todas y todos y para el desarrollo de la sociedad, y no como un “coste” o un “lujo” sin más.
- Reconoce que los desequilibrios existentes entre mujeres y hombres no pueden combatirse eficientemente sin el interés, la implicación y el compromiso del sistema político y de la propia sociedad.
Según Manso, quien también es fundadora de The Office, la posición de la mujer en la vida social, económica y política no puede avanzar al ritmo requerido por la agenda 2030 y su objetivo de desarrollo sostenible sobre equidad, si los políticos evaden el abordaje en sus programas los aspectos que influyen sustancialmente en perpetuar las desigualdades y que pueden solventarse en buena parte desde un Estado comprometido con un enfoque de género institucional, en especial en la educación, el acceso a trabajo y viviendas dignos, la salud reproductiva, el acceso a liderazgo en la vida laboral, política y social, y, impostergablemente, la violencia familiar.
“Numerosos representantes y garantes de la sociedad civil se han pronunciado respecto a diferentes reformas del Estado que deben ser acometidas y sobre las que los programas de gobierno no se pronuncian”, afirma la especialista.
Un ejemplo es el Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, publicado el 18 de enero de 2021 por la Defensoría, el cual recomienda a las instituciones integrantes del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) y en especial al MIMP, promover la modificación del marco normativo vigente -específicamente la ley de violencia y su reglamento- para establecer relaciones de articulación del SNEJ y el diseño de un servicio altamente especializado que asegure la calidad del sistema de justicia a favor de las mujeres víctima de violencia. ¿Quién sino los partidos políticos deberían escuchar a estas voces solventes para incorporar las conclusiones de sus investigaciones a sus programas de gobierno?
Por último, el Secretario General de la ONU, deja una reflexión que los partidos políticos actuales deben de tomar en cuenta: “Esta pandemia supone un desafío no solo para los sistemas sanitarios de todo el mundo, sino también para nuestro compromiso con la igualdad y la dignidad humana. Si ponemos los intereses y los derechos de las mujeres en primer plano, podremos superar esta pandemia más rápidamente y construir comunidades y sociedades más equitativas y resilientes que nos beneficien a todos”, señala.